Que actúe el Gobierno
El Gobierno debe intervenir en el caso de los 59 colombianos presos en Caracas. Primero, para establecer si existen fundamentos para imputarlos; luego, para velar por que tengan la posibilidad de defenderse.
Tras mantenerlos encerrados durante más de dos años en condiciones infrahumanas y sin formularles cargo alguno, la justicia venezolana acaba de imputar a 59 colombianos los delitos de terrorismo, falsedad documental y concierto para delinquir. Los compatriotas –54 de ellos costeños– fueron detenidos entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2016 en una redada de las fuerzas de seguridad, tras la cual el presidente Maduro los vinculó a una conspiración paramilitar para derrocarlo. Después de aquellas capturas no se tuvieron más noticias sobre aquella supuesta confabulación. Tal es así que, en noviembre de 2017, el Juzgado 27 de Control de Caracas ordenó en un fallo la “libertad plena” de los presos con el argumento de que no existían pruebas contra ellos que justificaran su detención. Pero los colombianos siguieron detenidos. Y cuando preguntaban a las autoridades venezolanas las razones de que no se cumpliera el fallo judicial, recibían por respuesta que su situación dependía del presidente Maduro. Lo que da cuenta de cómo entiende el régimen de Caracas el principio elemental de la separación de poderes. EL HERALDO, el medio de comunicación que más se ha interesado por la suerte de estos compatriotas, en ningún momento se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. No solo porque carecemos de pruebas para establecer si participaron o no en un complot contra Maduro, sino, sobre todo, porque tenemos la costumbre democrática de dejar en manos de la justicia la determinación de la inocencia o culpabilidad de los procesados. Lo que sí hemos defendido con firmeza, como en cualquier caso judicial que tratamos, es el derecho de los detenidos a saber por qué se les ha privado de libertad y a tener un proceso justo. En el tema que nos ocupa, no tenemos la menor duda de que esos derechos se han vulnerado de manera flagrante, como lo han denunciado varias organizaciones internacionales –entre ellas la ONU– que han reaccionado tras las informaciones de este diario. El Gobierno colombiano –el anterior y el actual– ha mantenido en este asunto una actitud tibia, limitada a un apoyo casi protocolario de los detenidos y al envío de notas consulares inútiles a la cancillería venezolana. Se ha echado en falta una protesta formal ante Caracas o la interposición de acciones ante instituciones multilaterales. Esperamos que, ahora sí, interceda sin titubeos. Primero, para establecer si hay fundamentos para la súbita imputación de cargos. Y luego, para velar por que nuestros compatriotas tengan la posibilidad de defenderse en un proceso que, de entrada, ya está contaminado por la forma arbitraria en que los han mantenido presos.
Carecemos de pruebas para opinar si los detenidos participaron o no en un complot contra Maduro. Lo único que hemos defendido es su derecho a saber formalmente por qué se les ha privado de libertad y a tener un proceso justo.