Defendiendo a la salud
Sin duda, la salud es uno los problemas que encabezan las preocupaciones de los colombianos y también la agenda del Gobierno nacional. Por ello hemos establecido como prioridad hacer de este un derecho alcanzable para todos, verdadero e inviolable.
Bajo ese direccionamiento estamos trabajando desde el día uno en cambiar la percepción de que este es un negocio de mercaderes. En verdad no ha sido fácil. Lo que recibimos fue una entidad subvalorada, sin direccionamiento estratégico, con un represamiento de casi tres años en sus procesos y un sistema de información con rezagos de más de ocho años, pero lo más nocivo para el sistema, sin capacidad sancionatoria e impedida para actuar con contundencia en contra de los mercaderes de salud.
Bajo ese panorama, el foco, sin descuidar los demás frentes, ha sido sacar del estado de incapacidad sancionatoria a la Supersalud, lo cual comenzó a materializarse desde hace unas semanas cuando presentamos ante la Comisión Séptima del Senado de la República un proyecto de ley que le va a dar verdaderos “dientes” a la Entidad para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud.
Queremos que en el sector quien la haga la pague. Con la aprobación de este proyecto podremos imponer penas ejemplarizantes, pues elevaremos las sanciones de 2.500 SMMLV a 8.000 para personas jurídicas, y a las personas naturales desde los 50 hasta 1.000 SMLV. Y al que no cumpla se le aplicarán multas sucesivas hasta por 3.000 SMLMV.
Pondremos candado definitivo a la puerta giratoria por la que ha pasado una y otra vez ese cartel de gerentes perversos que luego de quebrar una EPS o IPS, especialmente públicas, salen premiados a manejar otras sin que nadie les diga nada. Ese negocio se les acabó, porque ahora podremos remover gerentes y revisores fiscales de las empresas públicas y privadas, y declarar su inhabilidad por 15 años.
Pero no nos hemos concentrado solo en afinar los mecanismos de control, vigilancia y supervisión de la Superintendencia.
Durante estos 100 días hemos logrado interponer 85 sanciones a 62 vigilados, por un monto de $9.171 millones.
Asimismo, confirmamos en segunda instancia 91 multas por $4.520 millones por incumplimiento en la prestación de servicios, el no reporte completo de información y flujo de recursos, faltas por las que también hemos abierto 63 investigaciones a EPS, IPS, gobernaciones y alcaldías.
Lo que también hicimos fue restringir las afiliaciones y traslados a 16 EPS, en tanto a otras 12 les pusimos plazos perentorios para que demuestren que pueden seguir operando.
En el balance destacamos los acuerdos de pago de deudas entre EPS, IPS y ESE por más de $125.754 millones, que favorecen la sostenibilidad financiera de entidades del Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Chocó, Tolima, La Guajira y Meta.
La Superintendencia salió a las regiones para hablar con gobernadores, secretarios de salud, alcaldes municipales y usuarios para escucharlos de primera mano, guiarlos y también exigirles el cumplimiento de sus deberes para con el sistema. Ya hemos estado en 24 departamentos y hecho 11 jornadas de diálogo en las que participaron 2.000 personas.
Han sido solo 100 días, pero suficientes para accionar los mecanismos necesarios que deben convertir a la Supersalud en ese tigre de dientes afilados que ya está luchando contra la corrupción y la mala prestación del servicio de salud. *Superintendente de Salud