Luz al final del túnel
El Gobierno nacional convocó el jueves pasado a parlamentarios, mandatarios y empresarios de la Región Caribe para replantear el camino de solución a la esquiva problemática del mal servicio de Electricaribe. Liderada por el propio Presidente de la República, este quiso que la reunión fuera una explícita demostración de compromiso de todo el equipo del alto gobierno involucrado en el proceso: los ministros de Minas y Energía y de Hacienda, los altos consejeros de las regiones, de la competitividad y de asuntos políticos, la directora de Planeación Nacional, la superintendente de Servicios Públicos y la agente interventora de la empresa.
No era para menos: Una vez más el camino se había vuelto intransitable. En caso de tener luz verde, el único interesado tendría plazo hasta febrero de 2019 para hacer o no una oferta, dejando el proceso en una incertidumbre agravada por la vulnerabilidad de su participación de mercado que sobrepasaba los límites de la normativa vigente. La propuesta consistió en borrón y ruta nueva, con cambios que pretenden despertar el interés de un mayor grupo de oferentes y tener así mayor probabilidad de éxito. El primer cambio es la asunción por parte del Gobierno nacional del pasivo pensional, de $1,2 billones. Como la erogación de esos recursos se da de manera lenta durante un plazo muy largo, ese compromiso no le ocasiona a la hacienda pública una presión fiscal en la coyuntura actual, pero sí liberará al nuevo operador de provisionar esas sumas, que de otra manera habrían tenido que irse reflejando en la tarifa. El segundo cambio consiste en dejar también por fuera de las responsabilidades financieras del nuevo operador las deudas previas a la intervención, de $2,4 billones. Aunque este tipo de deudas suelen renegociarse con descuentos fuertes y plazos largos, también representarían una cuantía alta que el nuevo operador tampoco tendrá que trasladar a la tarifa.
Para disminuir la dimensión de los retos financieros, técnicos y administrativos asociados, un tercer cambio es la partición del mercado regional en dos o tres subregiones. Y, cuarto, con todo y los menores tamaños de estas, se considera necesario el incremento de los límites de participación en el mercado de distribución, del 25% al 35%, para posibilitar que jugadores nacionales tengan espacio para incluir en su cuota de mercado porcentajes adicionales a los que tienen actualmente. Estos dos últimos puntos han estado fuera de lo que desde la región hemos recomendado. Sin embargo, la nueva hoja de ruta resulta integralmente seria y viable. Adicionalmente, a los entes territoriales se les abrió la puerta para que participaran en la estructura societaria de los nuevos operadores, al tiempo que se les solicitó que saldaran sus deudas pendientes con Electricaribe.
El nuevo trazado propuesto tampoco será fácil, pero, con el concurso y compromiso de todos, los estamentos regionales presentes coincidimos en divisar la luz al final del largo y oscuro túnel.