UAC estima que Ramsés dejó ‘hueco’ de $25 mil millones
El abogado de la Universidad Autónoma del Caribe señaló que la actual administración de la alma mater ha pagado la suma de $16.014.677.207 sin comprometer su patrimonio.
En audiencia de ayer, abogado de la universidad dijo que la actual administración ha pagado más de $16 mil millones con ingresos por concepto de matrículas.
El penalista representante de los derechos de la Universidad Autónoma del Caribe coadyuvó la solicitud de medida intramural contra Vargas Lamadrid y los exfuncionarios de la corporación, así mismo explicó como la universidad se está recuperando del detrimento causado por los procesados.
“La actual administración, en cabeza de la rectora Claudia Da Cunha Tcachman, logró que la deuda por acreencias laborales que encontró en marzo 30 de 2018 bajo la rectoría de Ramsés Vargas Lamadrid por valor de $25.007.685.084, se haya reducido a $8.230.718.332, es decir, durante su administración de los recursos ha pagado la suma de $16.014.677.207 sin comprometer lo que queda del patrimonio de la institución, sin operaciones de crédito del sector financiero”, explicó Rafael Pacheco Vega, abogado que representa los intereses de la alma mater, a su turno de intervenir en las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento contra Vargas Lamadrid y los 9 procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito, estafa, falsedad en documento privado, administración desleal y corrupción privada.
“Parte de este detrimento se dio en los pagos que recibió por nomina Vargas Lamadrid y los beneficios que obtuvo por concepto de gastos de representación, seguridad y viáticos; el total de pagos por nomina desde 2013 a 2018 a Vargas Lamadrid asciende a $3.242.045.634”, continuó el representante de la Autónoma.
Sobre los dineros recaudados en efectivo por concepto de matrículas de estudiantes en el periodo de noviembre 2017 a febrero de 2018, Pacheco Vega resaltó que “en la historia de la universidad nunca se habían recaudado las matrículas de los estudiantes en efectivo dentro de las instalaciones de la universidad, sino a través de entidades bancarias. Una decisión de esta magnitud requería la aprobación de la Sala General, la disposición de procedimientos institucionales para haberlo llevado a acabo de forma rigurosa y haber seguido el cuidado de las rentas institucionales de acuerdo a lo dispuesto en los resultados de la investigación que abre el Ministerio de Educación en la resolución 4764 de 29 de abril de 2013”, puntualizó Pacheco Vega acerca del recaudo de 16 mil millones a 18 mil millones hecho por órdenes de Vargas Lamadrid y en participación con los procesados.
“Así como lo señaló la delegada de la Fiscalía, con estos dineros de las matrículas de los estudiantes se hicieron pagos a terceros y no se utilizó el recurso económico para los fines misionales de la universidad”, argumentó el abogado y explicó que con estos rubros se hicieron pagos a las empresas B & V Comunicaciones de propiedad de Jorge Eduardo Vera Kidd, Grupo Financiero de la Costa, Luis Alfonso Ruiz Caro, y al mismo Vera Kidd en persona.
En un balance que da cuenta de las ganancias de las personas que a juicio de la Fiscalía hacen par-
te del círculo de confianza de Vargas Lamadrid, el representante de la Universidad Autónoma señaló: “Sus íntimos y con quienes al parecer fraguó su ascenso como rector recibieron entre los años 2013 y 2018 pagos por nómina por $5.836.229.576”, explicó sobre Mariano Romero Ochoa, que según la investigación recibió $1.671.556.296 más una bonificación de 100 millones; Orlando Saavedra Magri que recibió pagos por nomina por valor de $1.056.464.972 y por pensión recibió $2.118.617.592; Tamid Turbay que actualmente es prófugo de la justicia recibió $989.590.716 por concepto de nómina.
Al cierre de esta edición continuaban en la sala de Justicia y Paz del Centro Cívico las diligencias judiciales presididas por el juez Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, Camilo Pardo, quien entre el 20 y 21 de diciembre decidirá si acoge la solicitud de la delegada de la Fiscalía Fayzulis Montes de cobijar con medida de aseguramiento intramural a los procesados Ramsés Vargas Lamadrid, Mariano Romero Ochoa, Jesús Pantoja Mercado, Pedro Sierra García, Efraín Maldonado Palma, Johanna Hilldembrand y Cindy Solar Vargas.