Hasta que la hoja de coca los separe
Las autoridades informaron que en la puja por el control del narcotráfico, varios grupos al margen de la ley se fusionaron en el sur de Córdoba. Este maridaje deja una estela de muertos y desplazados.
Un matrimonio sellado con sangre y fuego ha vuelto a causar terror en el sur de Córdoba, donde la puja por el control de los cultivos de hoja de coca reavivó hechos violentos que hoy las autoridades tratan de frenar.
Hace poco la Fuerza Pública admitió el “maridaje delincuencial” entre ‘los Caparrapos’ y las disidencias de las Farc, que pretenden sacar del negocio del narcotráfico al ‘Clan del Golfo’. Esta situación ha hecho que los homicidios, extorsiones, atentados se incrementen en una región que en el último medio siglo ha sido azotada por guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales.
Esta puja, según la Defensoría del Pueblo, desencadenó durante el año 2018, cuatro eventos de desplazamientos que comprometieron a 311 familias, para un total de 1.143 personas en el sur del departamento.
“En Córdoba la mayoría de desplazados pro vienen de los municipios de San Jo sé de Uréy Tierralta, por la presencia y enfrentamientos entre los grupos armados ilegales (Clan del Golfo, Caparrapos y Paisas), en los cuales se vieron afectadas la comunidad indígena Dochama y la comunidad indígena de Kanyido, ambas pertenecientes al pueblo Embera Katío”, aseguró la Defensoría.
Según el reporte entregado por la Policía de Córdoba, en el sur de Córdoba hoy en día se concentran 4.780 hectáreas de hoja de coca sembradas, que representan un aumento del 79%, pues en 2017 se tenía un reporte de 2.668 hectáreas.
Los municipios que más cultivos ilícitos tienen son San José de Uré, con 249 hectáreas; Valencia, con 49; Tierralta, con 40, Montelíbano, con 40 y Puerto Libertador, con 40. El resto de la hoja de coca está en terrenos baldíos del Estado.
“NADA CAMBIA”
La puja en el sur de Córdoba por el control del narcotráfico ha incrementado los índices de criminalidad. Según el Observatorio del Delito del Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe, durante 2018 ese delito se incrementó en un 52%. El 28% de las muertes se registraron en la zona del San Jorge, al sur de Córdoba.
La Fundación Social Departamental Córdoba Controversial, Cordoberxia, dirigida por el defensor de derechos humanos Andrés Chica, se pronunció con relación a esta oleada criminal.“Vemos con gran preocupación que nada cambia. Entre diciembre y estos días de enero se han suscitado diversos consejos de seguridad de carácter municipal, departamental y regional, en los que se proyectan medidas urgentes para contrarrestarlas acciones dolosas y sin control aparente que malogran la vida, pero nada cambia”.
Chica también hizo referencia a las muertes que se vienen registrando en la zona. “Son cifras escandalosas y vergonzosas para un Estado Social de Derecho, que enlutan a municipios priorizados para la consolidación de la paz territorial como Montelíbano, Puerto Libertador y San Jo sé de Uré. Muertos hay todos los días bajo la misma modalidad y quizá con los mismos propósitos y fines criminales. Los actores armados ilegales se disputan el territorio a sangre y fuego; matan, lanzan granadas, desplazan, extorsionan, y, sobre todo pareciera que no hay remedio definitivo y que lleve al restablecimiento de la tranquilidad en este sur de Córdoba”.
UNIóN DE BACRIM Y DISIDENCIAS
El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero Puentes, aseguró que la puja por el control de los cultivos ilícitos propiciaron la unión entre la banda criminal ‘los Caparrapos’, que operan de manera coordinada con la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc para acabar con la hegemonía del ‘Clan del Golfo’.
“Tan solo en Montelíbano, en los últimos cuarenta días han ocurrido 18 homicidios, seis de los cuales se han registrado en los primeros días de este año. Tomamos varias medidas, primeramente actos administrativos para impedir la circulación con parrillero hombre por el municipio y el control en los horarios de funcionamiento de los establecimientos públicos”, dijo el alto oficial.
Algunos comerciantes, que se abstienen de revelar su identidad por temor a represalias, aseguran que también son llamados por personas que se hacen pasar por miembros de cualquier grupo al margen de la ley para exigir pagos de vacunas, como la llamada cuota de la seguridad.
El coronel Baquero Puentes informó que “hay un fenómeno social con el que se está luchando, es en parte una costumbre que tienen algunas personas de acceder al pago de estas exigencias con la excusa de que esta es la cuota de la seguridad. Lo mejor es que las personas denuncien ante las autoridades competentes para que los investigadores puedan iniciar un procedimiento legal”, puntualizó el oficial.
RECHAZO DESDE EL CONGRESO
La senadora cordobesa Ruby Chagüi se pronunció con relación a la ola de violencia. “Rechazamos los atentados y las extorsiones por parte de grupos ilegales. No podemos seguir permitiendo la ola de violencia que vive el Alto San Jorge”.
La congresista ceretana solicitó un castigo para los responsables. “Pedimos a las autoridades esclarecer los hechos, dar con los autores y tener presencia militar en estos territorios para que retorne la seguridad. Solicitamos a la Policía Nacional establecer un plan de acción en Córdoba que permita combatir la extorsión que hoy nos asedia”
Una de las primeras medidas adoptadas por la Alcaldía de Montelíbano, consistió en emitir un decreto que prohíbe la circulación del parrillero en moto desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
La medida cobija tanto a hombres como mujeres mayores de 14 años. De igual manera se ordenó el toque de queda para menores de edad, que inicia desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.
La administración local argumentó que la medida busca evitar que los menores sean objeto de los hechos de violencia que se vienen presentado.
SE TRASLADó LA VIOLENCIA
En el corazón de la subregión del San Jorge, al sur del departamento de Córdoba, el municipio de Montelíbano se mantenía con una cifra de violencia relativamente baja, pero en las últimas semanas se ha disparado la criminalidad. “Notamos que de alguna manera se trasladó al sur de Córdoba la situación de conflicto que se estaba registrando en Antioquia. Por eso estamos trabajando en ambos departamentos con la colaboración especial de las Fuerzas Militares”, indicó el coronel Baquero Puente.
GRAFITIS AMENAZANTES
El terror en el sur de Córdoba sigue creciendo, pues recientemente en varias viviendas del municipio de San José de Uré aparecieron paredes rayadas con mensajes alusivos a los grupos al margen de la ley.
“Ya tenemos a las unidades de la Policía y de las Fuerzas Militares implementando un dispositivos especial para salvaguardar a la población civil”, dijo el Coronel.
Según el balance entregado por las autoridades, en los últimos días se ha logrado la captura de seis presuntos miembros de la banda criminal ‘los Caparrapos’ que estarían cometiendo los homicidios en la zona.
De igual manera se espera que en los próximos días la Presidencia de la República ponga en marcha la operación Aquiles en Córdoba que propiciaría la llegada de un nuevo batallón.
Históricamente los grupos al margen de la ley han hecho presencia en Córdoba para aprovechar su geografía que permite los tres eslabones de la cadena del narcotráfico, que son la siembra, el procesamiento y el envío de droga.
Ya en el pasado, otros grupos han operado en conjunto para ganar poder, desde 1967 con las guerrillas del Epl hasta el 2008 con las AUC y en la actualidad con las disidencias de las Farc, ‘Clan del Golfo’ y ‘Caparrapos’. Uniones efímeras que acaban cuando el deseo por el control absoluto por la producción de hoja de coca los separa.