Los reparos...
Sostiene, además, que consultó el plan aprobado por el Ministerio de Salud y pudo constatar que no se contempla la entrega de la operación de la sede de alta complejidad a un operador privado. Por esto, el trámite de contratación adelantado por la gerencia –con el consentimiento de la Junta Directiva y de la Gobernación– se gestiona omitiendo una obligación legal.
INVESTIGAN POSIBLES RESPONSABILIDADES
En su informe, asegura que se encuentran “pendientes por establecer” las responsabilidades del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Hospital Universitario Cari con relación a este trámite contractual.
Según el ente de control, el artículo 9 del Manual de Contratación establece que deben asesorar al gerente en la toma de decisiones en relación con la “adquisición de bienes, obras y/o servicios bajo el mecanismo de convocatoria pública”.
Asimismo, están por establecer las responsabilidades de la Junta Directiva, teniendo en cuenta las posibles autorizaciones impartidas con relación a este trámite contractual y a condiciones, desconociendo los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, así como del ordenamiento jurídico.
RIESGOS QUE ASUME EL GERENTE
El organismo de control dice que pudo establecer que las “precarias, incompletas, injustificadas y ambiguas” condiciones de participación que se establecieron en los términos del proceso quebrantan varios principios: planeación, transparencia, selecciónobjetivaylibreconcurrencia de oferentes.
Asegura que de esta forma no posibilita el cumplimiento del principio de selección objetiva, lo que derivaría en un riesgo disciplinario, penal y fiscal, así como la garantía de la prestación de los servicios de salud.
La Procuraduría advierte en el documento que no se pueden realizar las correcciones o modificaciones a los pliegos de condiciones debido a que las adiciones –único medio legal para hacerlo– solo pueden generarse antes de la recepción de las ofertas.
El Ministerio Público instó a la Junta Directiva y el gerente del Cari para que se adopten los correctivos de forma inmediata, y le dio un plazo de dos días hábiles para que informen sobre las decisiones adoptadas.
La Procuraduría también fue enfática al exponer que esta actuación busca proteger el ordenamiento jurídico, salvaguardar los recursos públicos y evitar la comisión de faltas disciplinarias por parte de los vigilados.