Aprobación de una ley no debe condicionar subasta: congresistas
Villalba, Name y Cepeda consideran que el proceso no tendría porque afectarse, mientras que Lorduy opina que el plan de salvamento sufriría un duro golpe.
Aunque el Gobierno anunció que la subasta de Electricaribe tendría que aplazarse para febrero de 2020, debido a la incertidumbre con la aprobación o no de la ley de financiamiento, varios congresistas del Atlántico consideran que esta no tiene porqué afectar el proceso.
Contrario a esto, el presidente del sindicato de trabajadores del sector eléctrico, Hamilton Barreto, cree que sí se afectaría y en últimas son los usuarios y los trabajadores los que llevarían “la peor parte”.
La representante Martha Villalba (de la U) enfatizó que el compromiso del Gobierno nacional es que la subasta se efectuará en febrero de 2020 sin más dilaciones; es decir, que pase o no pase la Ley de Financiamiento, va el proceso. “Obvio que las condiciones serán totalmente distintas”, dijo Villalba.
De hecho, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo recientemente que si no funciona la Ley de Financiamiento tienen una certeza de lasleyestributariasquedeberán aplicar los inversionistas.
Sobre el tema, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) manifestó que el Congreso siempre ha sido responsable con la economía; por ello, se siente un ambiente favorable con la reforma en la mayoría de los partidos, por supuesto con cambios para mejorar.
Cepeda afirmó que no habrá inconvenientes con los artículos que pueden influir en la subasta, pero en caso hipotético que suceda algo con alguno de los artículos lo que se afecta es el precio, de ninguna manera la subasta.
“Afortunadamente el El representante César Lorduy (Cambio Radical) al hacer un análisis de la situación expresó que el Gobierno nacional ha informado que tres son los aspectos básicos en los que se afectaría de manera negativa ($500 mil millones) la valoración del mercado y las nuevas inversiones relacionadas con el servicio de energía en la Región Caribe. Esos tres aspectos, que en realidad son cuatro, se reflejan en algunos artículos que ya habían sido aprobados en la fallida Ley de Financiamiento, y que ahora renumerados hacen parte del proyecto de reforma tributaria sobre la cual existe incertidumbre para su aprobación. En su orden son: La tasa nominal de renta (artículo 70), renta presuntiva (artículo 72), tasa de las megainversiones (artículo 59) y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital (artículo 75). “Debo reconocer que el Plan Nacional de Desarrollo, que contempló el Plan de Salvamento para el servicio de energía en la Región Caribe, fue aprobado por el Congreso el 2 de mayo de 2019, y el mismo obviamente se estructuró teniendo en cuenta la fallida Ley de Financiamiento, que previamente habíamos aprobado el 19 de diciembre de 2018. Sin lugar a dudas, esas dos leyes están íntimamente relacionadas”.
En opinión de Lorduy, si por alguna circunstancia la nueva ley de financiamiento o reforma tributaria no es aprobada, no hay duda alguna de que el Plan de Salvamento para la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe sufrirá un duro golpe, que puede llevar a que se retiren los potenciales inversionistas, y en consecuencia sin participantes no habría subasta, lo que abriría el camino o puerta de una nacionalización, tal como lo ha anunciado la misma ministra de Minas, y con posterioridad a la misma una licitación para vincular capital privado, que permita realizar las inversiones que tanto se requieren, tal como sucedió en Telecom.
“Ante todo lo anterior, disposición total en ayudar, pero sin yunque sobre la espalda y mucho menos silencio ante lo que se debe cambiar y reformar”, precisa el representante a la Cámara. próximo año se invertirán más de $800 mil millones en el mejoramiento del servicio, pues este continúa su deterioro. Estoy seguro que el Gobierno jamás permitirá un apagón del 25% del país”.
Sin embargo, llamó la atención sobre tres factores: hacer la subasta en enero, bajar la exposición a bolsa a la mitad y agilizar la contratación de los más de $800 mil millones disponibles.
Por su parte, el senador José David Name (de La U) dijo que de no pasar la Ley de Financiamiento esto no tendría que ver en nada con el resultado de la subasta, pues a los senadores de la bancada Caribe nunca les dijeron que estaba condicionada la subasta a una Ley de Financiamiento.
Name cree que no hay ninguna empresa interesada de una manera formal, y, ante este hecho, la superintendente toma esta decisión de aplazar la subasta hasta febrero. “Creo que el Gobierno tiene que tomar una medida seria, ver la posibilidad si se necesita nacionalizar la empresa, que la compañía entre en un proceso de saneamiento y una vez esté ya con números positivos si sacar la empresa a una subasta”.
El senador enfatizó que en el caso del partido de la U no se dejarán “presionar” para aprobar una reforma tributaria a las carreras y que no le convenga al país.
LOS PERJUDICADOS. Hamilton Barreto, presidente del sindicato de trabajadores, expresó su preocupación y dijo que en últimas son los usuarios, los trabajadores y los pensionados los que lleven la peor parte.
“Para nosotros es de gran preocupación, porque al parecer salió peor el remedio que el mal, pues esta empresa cada día se deteriora más, pierdedinero,inviertemenos y creemos que ya hay un apagón sectorizado, pues la luz se va por parte y las inversiones que los estudios han definido no van ni por allí”.
Recordó que el estudio arrojó que se deben invertir unos $10 billones; es decir, $800 mil millones al año, pero el fondo empresarial lo que ha aportado son $125 mil millones y gran parte de esos recursos se han invertido en asesorías.