El 13 adjudican contrato de transporte escolar
El valor es de $27.926 millones, confirma el gobernador Fuentes.
RIOHACHA. Para el próximo 13 de noviembre a las diez de la mañana quedó prevista la adjudicación del contrato de transporte escolar de La Guajira por valor de $27.926 millones y que beneficiará un total de 7.968 niños y niñas.
La fecha quedó estipulada al final de la reunión que se realizó en la gobernación, donde se analizaron las observaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación en las que le pidieron al gobernador encargado Jhon Fuentes aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa que prestará el servicio de transporte escolar en las zonas rurales y urbanas de 12 municipios guajiros.
“La Procuraduría insiste en estas observaciones y nosotros vamos a actuar baja la normatividad jurídica vigente, ya que nos han dado esta responsabilidad y vamos a hacer las cosas bien”, indicó el mandatario.
Explicó que en la etapa inicial del proceso de presentaron seis posibles oferentes, quienes manifestaron su interés en participar, pero solo uno presentó oferta que es la empresa Unión Temporal Eikajuluin, integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Transportes Relaturg Limitada y Busservi del Caribe S.A.S.
Fuentes insistió en las condiciones culturales y geográficas difíciles de La Guajira, las cuales según él, deben tenerse en cuenta para la ejecución del contrato.
Agregó que las observaciones que hizo la procuraduría delegada para la Función Pública y la procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, fueron atendidas.
Sin embargo, Liliana Caballero procuradora Delegada para la Función Pública manifestó que la mayor preocupación son los derechos de los niños en cuanto al transporte escolar y que las observaciones sobre estudio de mercadeo, pluralidad de las ofertas y los requisitos habilitantes, quedan aún sin resolverse. Dijo que de todas maneras cualquier decisión sobre la continuidad o no del proceso corresponde a la autonomía de la administración departamental.
La Procuraduría dice que respecto a las observaciones relacionadas con la experiencia del proponente y la oferta más favorable, la obligatoriedad de las entidades estatales es hacer un análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación con base en el cual se establecen los requisitos habilitantes.