OEA ALERTA POR DECRETO QUE DA IMPUNIDAD A MILITARES EN BOLIVIA
Dice que la norma desconoce estándares en DDHH.
El nuevo gobierno de Bolivia desplegó ayer esfuerzos por lograr el cese de las protestas en todo el país.
LA PAZ. El nuevo gobierno de Bolivia desplegó ayer esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes se han cobrado 23 víctimas, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la presidenta provisoria Jeanine Áñez para dimitir.
Áñez, dijo ayer que muy pronto anunciará al país de la convocatoria a elecciones transparentes, tras la renuncia al poder de Evo Morales hace una semana y en medio de una fuerte crisis social.
“Muy pronto daremos noticias sobre nuestro principal mandato: la convocatoria a elecciones transparentes”, dijo Áñez en un discurso en el palacio de gobierno en La Paz.
El principal foco del conflicto se había concentrado en Cochabamba (centro), donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en un mes de confrontación.
El gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, ha deslizado la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve cocaleros: “Todos los muertos son con impacto de bala”.
“Todos con quien he hablado dijeron que [en las manifestaciones] no había ninguna persona civil con un arma”, dijo Becker por teléfono a la AFP, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.
Asilado en México tras renunciar a la Presidencia hace una semana luego de perder el apoyo de los militares, Morales declaró en un tuit que: “Estos delitos de lesa humanidad (...) no deben quedar en la impunidad”.
Mientras, Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección de Morales el 20 de octubre.
La CIDH calificó en Twitter de “grave” un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.
“El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta”, señaló el organismo autónomo de la OEA.
El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto “no es una licencia para matar, sólo define la tarea de las fuerzas armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país”.
A pesar de la polémica, Murillo indicó que mediante las gestiones del gobierno “los conflictos han bajado en un 50% en intensidad”.
Cerca a La Paz, vecinos seguían bloqueando el único acceso a una planta que distribuye combustible, provocando una creciente escasez que ha comenzado a mermar el transporte vehicular en la ciudad.