En Atlántico, CGR lleva cuatro procesos por $14 mil millones
Como parte del reporte entregado por esta entidad gubernamental en una rendición de cuentas en Barranquilla, se expusieron casos de incumplimiento de obras pactadas.
Cuatro procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía que suma más de $14 mil millones de pesos, hicieron parte del reporte entregado por la Contraloría General de la República en el departamento del Atlántico, de acuerdo al balance que realizó esta entidad en una audiencia pública de rendición de cuentas que tuvo lugar en la ciudad.
Los procesos expuestos están relacionados con los contratos de Electricaribe donde no se ejecutaron las obras correspondientes (de los Convenios Prone 2008, 2011 y 2012 y el proyecto “Tiquisio Segunda Etapa”).
Adicionalmente, un proceso de responsabilidad fiscal por obras pactadas y no realizadas para la reposición del sistema de acueducto del municipio de Palmar de Varela, y otro por incumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas de viviendas de interés social de Baranoa.
En cuanto al ejercicio auditor y el control fiscal participativo, según indicó la entidad, uno de los resultados “más relevantes” es el obtenido con un control excepcional donde se detectaron presuntos daños fiscales por más de $1.300 millones, por manejo irregular de recursos transferidos a ligas deportivas.
ELECTRICARIBE. De igual manera, en otros casos reportados por la Contraloría, se inició un proceso de responsabilidad fiscal ante el Ministerio de Minas y Energía por el vencimiento de los trabajos de construcción autorizados a través del convenio Prone 2008. También abrió un proceso de responsabilidad fiscal porque la empresa no ha comenzado a ejecutar el proyecto de Tiquisio, en Bolívar.
El contrato del proyecto se suscribió el 15 de septiembre de 2014, por un valor de $3.797 millones, pero a la fecha, según la Contraloría, aún no comienzan las obras.
En el proceso auditor se detectó, además, que se generaron alteraciones de orden público en la zona porque las obras no han comenzado.
EN PALMAR Y BARANOA. La Contraloría reportó que en Palmar, luego de un contrato por un monto de $3.220 millones, cuyo objetivo consistía en la reposición de las redes de alcantarillado, “las obras pactadas no se ejecutaron en su totalidad, a pesar de haberse suscrito y pagado los mencionados contratos”.
En Baranoa, luego de una inspección visual de las viviendas de interés social de este municipio, la Contraloría estableció que, en cuanto a los planos de diseño de especificaciones técnicas y demás documentos presentados y aprobados para la ejecución del proyecto, “se pudo establecer incumplimiento”, temiendo “el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas”. En total, la cuantía de este caso llegó a los $1.077 millones.