¿En qué va la investigación un año después del atentado?
La Fiscalía capturó a tres personas, uno está en la cárcel. Aplicaron extinción de dominio a 20 bienes.
Tras un año del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, que dejó 23 muertos y casi 100 heridos, han sido capturadas tres personas, que tendría diferentes niveles de participación, según indicó la Fiscalía Nacional.
Entre ellos, Ricardo Car- vajal, quien según la Fiscalía habría pagado el arrendamiento del lugar donde fue escondida y acondicionada la camioneta usada en el atentado.
Otro de los capturados fue William Arévalo, a quien acusan de haber trasladado desde Arauca hasta Bogotá el vehículo que posteriormente fue cargado con 80 kilogramos de pentolita, el cuál estalló dentro de la escuela.
Además Arévalo figura en otro caso, por supuesto financiamiento al terrorista.
Posteriormente, fue capturado Álvaro José Mateus, quien de acuerdo al ente investigador pertenecería a la estructura financiera del denominado Frente de Guerra Oriental del Eln y sería el propietario de una empresa de lácteos utilizada para lavar activos del grupo guerrillero.
Así mismo, la Fiscalía anunció que el próximo 28 de febrero vincularán formalmente y se realizará al imputación de cargos contra cuatro integrantes del Comando Central del Eln y tres personas más que harían parte de la Dirección Nacional del grupo guerrillero. El ente acusado solicitará al juez que sean procesados por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y destrucción de institución educativa.
Adicional, a las labores penales, la Fiscalía “afectó el patrimonio ilícito constituido por los presuntos involucrados” a la Escuela de Cadetes General Santander.
El pasado 2 de septiembre de 2019, las autoridades en una labor conjuntan ocuparon 20 bienes (9 inmuebles, 10 vehículos y 1 establecimiento comercial), con fines de extinción de dominio para “poner fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para auspiciar acciones criminales del Eln.
“Los bienes, cuyo avalúo superaría los 12 mil millones de pesos, fueron ocupados en Bogotá y municipios de Arauca”, aseguró la Fiscalía.