Primum non nocere
El ejercicio clínico de la medicina plantea al profesional que lo realiza grandes retos en cada atención en salud en la que interviene. Las diferentes manifestaciones de una misma enfermedad, la variabilidad propia del ser humano y las múltiples opciones de tratamiento que hoy existen, hacen que el médico tenga muchas variables en juego a la hora decidir cual o cuales serán las intervenciones más seguras y efectivas para el paciente que se asiste.
Debido al gran volúmen de información que se ha generado con el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, con mucha frecuencia los médicos recurrimos a guías de práctica clínica (GPC) basadas en la evidencia, herramientas que organizan y evalúan los datos disponibles acerca de las patologías que tratamos. Éstas nos permiten de manera relativamente simple, a los médicos y pacientes, tomar bien informados las mejores decisiones en términos de efectividad y seguridad entre los tratamientos posibles. En enfermedades como el cáncer, donde existe una gran alternativa de conductas en la práctica clínica, y mucha información científica en permanente actualización, estas GPC se convierten en un recurso invaluable que siempre debe ser utilizado.
Para que un tratamiento sea bien evaluado y, por lo tanto, recomendado dentro de una GPC basada en la evidencia, debe haber sido sometido a prueba en uno o varios estudios clínicos adecuadamente conducidos en términos éticos, legales y científicos. Lo que usualmente empieza con una observación, debe ser probado con crecientes niveles de certeza en modelos simulados y biológicos antes de atravesar la línea que habilite el uso en nuestra especie.
En Colombia el Invima regula con mucho acierto la realización de este tipo de investigación, de hecho, la normativa emanada del mencionado instituto está acorde con los más altos estándares internacionales, centrándose ella en la protección de los sujetos que participan en las investigaciones. En el país, por ejemplo, si se quiere “probar” un medicamento, se debe documentar adecuadamente el conocimiento que se dispoga de los principios activos. También los centros donde se quieran realizar estos estudios deben estar certificados legalmente, adquiriendo con ello el compromiso ineludible de reportar toda la información relevante en términos de seguridad y efectividad terapéutica.
A los médicos, desde muy temprano en nuestra formación se nos insiste en la importancia de introyectar el antiguo precepto de primum non nocere: lo primero es no hacer daño. En cada uno de nuestros actos debemos estar atentos, pues muy a pesar que ellos sean realizados con las mejores intenciones, con su realización se pueden tener consecuencias indeseables (iatrogenia). Usar medicamentos o sustancias con fines terapéuticos basados en observaciones no sistemáticas y sin el cumplimiento de los procesos científicos normados para ellos, no solo va en contravía con el mencionado precepto, si no que además viola la ley.
Es desesperanzador que los avances desde la bioética, la formación universitaria y los organismos de control en normas regulatorias y capacidades científicas para la investigación clínica retrocedan a partir de las opiniones desinformadas de funcionarios públicos.