15 mil reclusos podrían ir a casa por cárcel
La salida de los internos se produciría en virtud de la emergencia carcelaria “por temas de salud y orden público” decretada por el Inpec y el Ministerio de Justicia, luego de los violentos disturbios registrados en 13 cárceles del país.
BOGOTÁ. El Inpec y el Ministerio de Justicia decretaron el domingo la emergencia carcelaria en el país “por temas de salud y orden público”, luego de que en medio de amotinamientos el pasado sábado en 13 cárceles del país se registraran 23 reclusos muertos y 83 heridos en la Cárcel la Modelo de Bogotá.
“El Director General del INPEC @MujicaNorberto y @MinjusticiaCo Margarita Cabello toman la decisión de decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público. El objetivo es seguir trabajando por las personas privadas de la libertad, los funcionarios y sus familias”, informó la entidad carcelaria a través de Twitter.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia anunció que la idea es “deshacinar los establecimientos de reclusión del orden nacional, y poder mitigar la posibilidad de contagio con COVID-19 de las personas privadas de la libertad”.
Añadió en este sentido la cartera del derecho que “entre las principales medidas que traería la norma tenemos la posibilidad de detención domiciliaria para mayores de 60 años (que no estén condenados por delitos graves), personas enfermas, madres gestantes, o que ya tengan permiso de salida por 72 horas, entre otros que estamos analizando”.
Fuentes del Ministerio le dijeron a EL HERALDO que el Gobierno está haciendo los cálculos dadas las excepciones y que la ministra ha dicho que podrían ser entre 4 mil y 15 mil los cobijados con casa por cárcel. De acuerdo con las cifras, 6 mil reclusos son mayores de 60 años.
Esto sería menos del 10% de la población tras las rejas, pues hasta el 31 de enero pasado había poco más de 124 mil personas privadas de la libertad en las cárceles del país, penales que solo pueden albergar en condiciones más o menos dignas a unas 80 mil personas.
En el Caribe, con corte a julio de 2019, había 13.885 presos, pero en las cárceles de la región solo caben 7.763. Es decir, había 6.122 presos ‘de más’, lo que se traduce en un hacinamiento del 78,9%, muy por encima del hacinamiento que se registra a nivel nacional, que de todas maneras es ya alarmante: 53,4%.
En el Atlántico hay hasta 160,9% de hacinamiento, en Bolívar 111,1%, en Cesar 274,6%, en Córdoba 93,6%, en La Guajira 353%, en Magdalena 341%, en San Andrés 75% y en Sucre 64,1%.
Frente al anuncio hubo reacciones a favor y en contra. Por ejemplo, el columnista Andrés Fernando Portillo puso de presente en Twitter: “Otra fuga de presos en la URI de Kennedy en Bogotá. Esto no es coincidencia, hay orquestado todo un plan para presionar al gobierno a dejar libres a presos, aprovechando la emergencia sanitaria”.
Y la abogada Nathalia Puentes advirtió: “Ojo que la declaración de emergencia sanitaria en las cárceles no faculta al Ejecutivo para dar libertad, esta potestad siguen teniéndola los señores jueces penales”.
Por su parte, el jurista Marlon Díaz escribió: “No es un asunto de impunidad, sino de salud pública y dignidad. El Colegio de Abogados está atento a proponer y construir las medidas necesarias de una emergencia carcelaria y su reglamentación”.
A su vez, el penalista Iván Cancino saludó la medida: “Ojalá se convierta pronto en realidad (...). Las batallas más impopulares son las que más satisfacción dejan al librarse. La lucha por los derechos de todos siempre serán ganancia aún en contra de los más fuertes vientos”.
En la Resolución 001144 del 22 de marzo de 2020, de tres páginas y suscrita por el director del Inpec, general Norberto Mujica, se lee que, en medio de la emergencia, el titular de la entidad carcelaria podrá hacer traslados, aislamientos, “uso racional de los medios extraordinarios de coerción” y el reclamo del apoyo de la fuerza pública.
Así mismo, el director del Inpec podrá suspender o reemplazar a personal del servicio penitenciario si se ve involucrado en los hechos, podrá pedir colaboración de autoridades sanitarias y de emergencia, podrá clausurar penales, podrá reducir los niveles de ocupación del centro de reclusión, traslados presupuestales y contratación directa, entre otras facultades.
El decreto busca evitar que con el hacinamiento de más del 50% que hay en los penales del país se agrave la pandemia del coronavirus en estos sitios de reclusión y, al mismo tiempo, prevenir nuevas afectaciones al orden público, como la que se presentó el sábado pasado.
El Inpec aclaró, sin embargo, que la medida no faculta al Ejecutivo para dictar excarcelaciones.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, informó el pasado domingo que en los amotinamientos de La Modelo hubo 23 privados de la libertad muertos y 83 heridos. Y de estos 32 se encuentran en clínicas. Además, entre los guardianes se reportaron nueve heridos, uno de ellos en estado de gravedad.
La situación del centro penitenciario se inició a las 9 de la noche del sábado y fue controlada a las 2:30 de la madrugada de este domingo.
Tras un consejo extraordinario de seguridad celebrado en la mañana del domingo, las autoridades determinaron que 13 establecimientos carcelarios del orden nacional presentaron alteraciones debido a acciones coordinadas por algunos privados de la libertad, siendo la situación más grave la que se registró en La Modelo: “Se identificó un plan criminal mediante el cual algunos internos acordaron llevar a cabo una fuga masiva, empleando medios violentos. Sin embargo, el cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec reaccionó de manera oportuna, evitando una fuga masiva”.
Desde el domingo, tanto el procurador Fernando Carrillo como el defensor Carlos Negret pidieron declarar la emergencia carcelaria.
“Ante los gravísimos hechos ocurridos en las últimas horas en establecimientos penitenciarios del país, urge declaratoria inmediata de emergencia carcelaria para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público”, escribió Carrillo en su cuenta de Twitter.
A su vez, desde la cuenta de la Defensoría del Pueblo, reiteraron la petición: “Solicitamos al Gobierno Nacional decretar la emergencia carcelaria. De esta manera, se podrán tener instrumentos excepcionales que faciliten excarcelaciones y regímenes temporales para mayores de 60 años y penas hasta los 8 años”.
Agregó la entidad del Ministerio Público que también le piden al Ministerio de Justicia “convocar de manera urgente una sesión virtual del Consejo Superior de Política Criminal, con el objetivo de articular todas las instituciones del Estado en la búsqueda de una solución a la crisis carcelaria”.
Por su parte, la Fiscalía anunció el mismo domingo que inició una investigación por los “lamentables hechos en los que 23 reclusos de la cárcel La Modelo en Bogotá, perdieron la vida en un intento criminal de amotinamiento y fuga, y dos más en la penitenciaria de Cómbita en Boyacá”.
Dentro de esta investigación, anunció el organismo, se están llevando a cabo las entrevistas a través de la policía judicial, CTI y Sijín, a los 83 internos que resultaron heridos con ocasión del intento de fuga. Y se hará el mismo procedimiento para el caso de la muerte de los dos reclusos en Cómbita.
Además, el fiscal Francisco Barbosa conformó un equipo especial de 45 funcionarios para que adelante estas indagaciones, recoja las pruebas y poder judicializar a los responsables de estos hechos.
Así mismo, el ente acusador busca determinar las razones por la cuales, además, en el interior de estos penales se cuenta, por parte de los internos, con equipos de alta tecnología desde donde se envió información en tiempo real de lo que estaba ocurriendo al interior de la cárcel, así como el estado de los inhibidores de señal antes y al momento de iniciarse el intento de fuga en las dos prisiones.
Entre tanto, han aparecido panfletos y audios amenazantes contra guardianes del Inpec, al parecer de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: “Decretamos un plan pistola contra las familias de los guardianes del Inpec que maltraten, golpeen o asesinen a nuestros integrantes y procederemos con hechos violentos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, se lee en uno de ellos.