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La cuarentena ha agudizado la crisis financiera en el Sistema de Transporte Masivo El déficit en este periodo asciende a $6 mil millones.
Transmetro, el Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana, atraviesa una fuerte crisis financiera que lo tiene al borde de una parálisis, que afectaría a los más de 30.000 usuarios que mueve actualmente.
Aunque la palabra crisis ha sido recurrente en los 10 años de funcionamiento de Transmetro, las medidas restrictivas del Gobierno Nacional para contrarrestar la propagación del nuevo coronavirus han agudizado los problemas financieros, al punto que los operadores cuentan con recursos para costear la operación hasta el próximo 27 de mayo.
Las empresas Sistur, Metrocaribe y Recaudos SIT Barranquilla –a través de una carta dirigida a Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla; Fernando Isaza, gerente de Transmetro; y la Junta Directiva de Transmetro– revelaron que el déficit financiero asciende a cerca de $6.800 millones, desde que empezó la actual contingencia.
Según las estimaciones financieras presentadas por los concesionarios, el déficit llegaría a los $74.607 millones en diciembre del presente año (si la situación continúa), luego de ajustar la oferta a la reactivación gradual de la economía y garantizar una ocupación máxima del 35%, como lo exponen las directrices del Gobierno Nacional.
José Emiro Picón, gerente de Sistur, expuso que el sistema ya contaba con problemas financieros, los cuales se han agudizado por la reducción en el número de pasajeros.
Explicó que, según el modelo financiero, los ingresos provienen exclusivamente de la tarifa que se cobra al usuario y que, en tiempos de normalidad, cubre el 80% de los gastos operacionales. Empero, en la actualidad solo llegan a cubrir el 20%.
“Pasamos de transportar 147 mil usuarios a 27 mil, por lo que se ha generado un déficit importante que nos ha impedido cumplirle a los proveedores. Esta insuficiencia de recursos hará que el sistema deje de operar después del 27 de mayo, porque no tenemos recursos para seguir trabajando”, sostuvo Picón en diálogo telefónico con EL HERALDO.
El gerente de Sistur explicó que en la cadena de gasto, el combustible representa un 45%, mientras que el mantenimiento corresponde al 30%: “El otro 15% son temas laborales, como pólizas, que no han sido canceladas”.
Indicó, además, que la reactivación de otros sectores conllevará a la puesta en funcionamiento de más buses, lo que incide en el incremento del déficit.
Asimismo, expuso que las actuales condiciones han hecho que la tarifa técnica haya sufrido un crecimiento exponencial en los últimos meses, al punto que en mayo asciende a 10.609, lo que corresponde a un aumento del 368% en relación a la tarifa que cancelan los usuarios.
A su turno, Santander Castillo, gerente de Recaudos SIT, resaltó que en abril se firmaron otrosíes con la gerencias de Transmetro, por el orden de los $2.360 mil millones, para disminuir el déficit que se requiere para cubrir los costos de operación.
Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, gerente de Metrocaribe, expuso que los tres concesionarios están “comprometidos” con la prestación del servicio y el cumplimiento de las medidas impartidas por el Gobierno Nacional, aunque recalcó en la necesidad de contar con los recursos financieros que garanticen la sostenibilidad del sistema.
PLAN DE TRANSMETRO. Desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, Transmetro ha realizado ajustes en la oferta de servicios como respuesta a las directrices de las autoridades, así como también a sucesos de orden público que se han presentado durante la operación.
Fernando Isaza, gerente de Transmetro, reiteró que la crisis sanitaria por la COVID-19 ha generado efectos negativos en el Sistema de Transporte Masivo, así como en otros sectores de la economía.
“La demanda de usuarios es un elemento crucial que determina los ingresos del sistema. Si baja el número de usuarios no entran los recursos fuente para remunerar a los actores”, explicó Isaza.
El directivo también explicó que a los concesionarios se les retribuye contra ingreso por kilómetro recorrido y que esto ha generado un déficit en la operación, por lo que los concesionarios han pedido una ayuda financiera.
Ante esta solicitud, expuso el gerente de Transmetro, se están estudiando todas las posibilidades legales con el fin de buscar una solución contractual que permita entre todos aliviar estas cargas económicas
buscando la continuidad del servicio.
Asimismo, puso de presente que hasta el momento se han realizado acuerdos contractuales que implicaron la utilización de unas reservas existentes para cubrir el déficit de los actores del sistema por un valor de $2.800 millones.
LLAMADO AL GOBIERNO. Para evitar una suspensión del servicio, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) viene adelantando una serie de gestiones –en conjunto con Transmetro
y la Alcaldía de Barranquilla– para adoptar acciones desde el orden local.
Libardo García, director del AMB, explicó que se revisa la posibilidad de un “esfuerzo financiero” por parte de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Soledad, teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% de los usuarios del sistema residen en dicho municipio.
Explicó, además, que vienen trabajando de la mano con las empresas operadoras (Sistur, Metrocaribe y
Recaudos SIT) con el objetivo de plantear escenarios de operación que permitan la prestación del servicio, pero ajustándose a la demanda de cada zona y los horarios de mayor uso.
El funcionario fue enfático al indicar que, en esta coyuntura, el Gobierno Nacional es el único que cuenta con la capacidad de solventar un robusto plan de salvamento, teniendo en cuenta que solo Transmetro estima un déficit superior a los $50 mil millones, al proyectar su operación hasta el mes de diciembre.
“Se requiere agilizar los mecanismos para ampliar los cupos de crédito de los entes territoriales con garantías de la Nación y que nos autoricen la reprogramación de los aportes al convenio de cofinanciación de Transmetro”, expuso García.
Asimismo, indicó que lo más importante en este momento es que se determinen fuentes de financiación directas del presupuesto nacional, para así brindarles liquidez y sostenibilidad a los sistemas de transporte masivo en el país
“El servicio de transporte público es una necesidad esencial, que no se puede ver como un problema de las ciudades, sino que exige el esfuerzo y compromiso de la Nación”, expuso.
TRANSPORTE PúBLICO EN CUARENTENA. El director del Área Metropolitana de Barranquilla también reconoció que la tarifa que pagan los usuarios es insuficiente para cubrir los costos de la operación y que la situación se ha complicado debido a las restricciones de capacidad por la emergencia sanitaria.
“Por tanto será necesario el traslado de recursos públicos para cubrir esta diferencia y/o ajustar la operación con el fin de reducir la diferencia al máximo, para solventar la necesidad de caja inmediata y evitar la inminente parálisis”, expresó García.
Resaltó que desde el inicio de la cuarentena se han autorizado diferentes planes de operación de las empresas de transporte, teniendo en cuenta los criterios de seguridad sanitaria.
De esta forma, actualmente se encuentra en operación casi el 100% de las rutas, con una flota que oscila entre 1.800 y 2.000 unidades respecto a los casi 3.000 que operan en un día ordinario.
“Tuvimos una fase donde se operó con un 20% de flota, y otra con un 50%. A la disponibilidad de flota en operación se suma la restricción de distanciamiento entre usuarios lo cual reduce la cantidad diaria de pasajeros movilizados por bus”, indicó.
Ante este panorama, García sostuvo que el principal problema es “qué tan productivo es un vehículo que con los mismos costos como combustible y operador, solo puede utilizar una parte de su capacidad”.
DECRETO DEL GOBIERNO. A través del decreto 575 del 15 de abril del 2020, el Ministerio de Transporte anunció la financiación de hasta el 70% en los sistema de transporte nacional mientras dure el periodo de emergencia social y sanitaria causado por el coronavirus.
En los sistemas de transporte masivo, las inversiones financiables por parte del Gobierno Nacional podrán ser para distintos servicios, entre ellos, de deuda, infraestructura física, sistemas inteligentes de transporte y costos de operación.
El decreto también expone que se podrán hacer operaciones de crédito acreditadas por los entes gestores de los sistemas de transporte masivo, quienes podrán contar el Fondo Nacional de Garantías por el máximo porcentaje permitido.