¡No es hora de callar!
Hoy en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual es un imperativo moral y ético reconocer el inmenso dolor de las 26.534 mujeres que han padecido el uso de sus cuerpos como arma y campo de guerra.
Un importante paso dio la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, al recibir, de manera virtual, el informe sobre violencia sexual que documenta nuevos casos en la subregión de los Montes de María. Llegar a la verdad, que aún no ha sido reconocida en estos hechos victimizantes de abuso sexual durante el conflicto armado, es una labor en la que debe comprometerse a fondo el organismo de justicia transicional para establecer responsabilidades penales individuales sobre estos crímenes de lesa humanidad.
Hoy en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual es un imperativo moral y ético reconocer el inmenso dolor de las 26.534 mujeres que, en el país, según el Registro Único de Víctimas (RUV), han padecido el uso de sus propios cuerpos como arma y campo de guerra. Víctimas de todas las edades, regiones geográficas, grupos étnicos y condiciones socioeconómicas que, en la gran mayoría de los casos, continúan reclamando justicia para que estas atrocidades, cometidas por combatientes ilegales e integrantes de la Fuerza Pública, no queden en la impunidad y se garantice para ellas el derecho a la verdad plena.
Estas mujeres, que se cansaron de tocar las puertas de la justicia ordinaria, han depositado su confianza en la JEP, que desde 2018 está recibiendo informes que atestiguan casos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas de todo el territorio nacional. En su búsqueda de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, muchas de ellas han sido asesinadas o amenazadas por sus victimarios, que siguen sin reconocer la monstruosidad de sus delitos.
Bajo una macabra estigmatización, producto de la irracionalidad de la guerra que ha devastado durante más de medio siglo al país, los paramilitares usaron la violencia sexual contra mujeres a las que señalaban como sus enemigas, acusándolas de ser guerrilleras o familiares de guerrilleros, como ocurrió en la masacre de El Salado hace 20 años. En otros casos y como resultado de la intolerable lógica machista al sentirse dueños y señores de los territorios, los miembros de los grupos armados consideraban a las mujeres como seres inferiores o de poca valía para legitimar sus repudiables mecanismos de dominación, castigar conductas que estimaban inapropiadas, regular sus relaciones sexo-afectivas e instrumentalizar sus cuerpos como ‘trofeos’ o botín de guerra, entre muchas otras formas de violencia.
Este nuevo informe recoge 47 casos de violencia sexual, reportados por 39 mujeres de nueve municipios de los Montes de María en Bolívar y Sucre y un municipio de Córdoba, entre los años 1983 y 2014, perpetrados por miembros de las Farc, Ejército y Policía. Una vez más, las víctimas rompen su silencio de tantos años, alzan su voz y se declaran esperanzadas en que se haga justicia. Cuánta nobleza encierra el corazón de estas mujeres que no buscan venganza, que no quieren ver a sus victimarios pudriéndose en una cárcel o sufriendo lo que han padecido en su soledad o con sus familias. Ellas, que han ofrecido incalculables lecciones de dignidad y valentía a los colombianos, y que han demostrado ser capaces de perdonar a quienes les hicieron tanto daño, solo anhelan estar en el centro de la justicia para llegar a la verdad de los crímenes cometidos en su contra y ser reparadas.
La JEP tiene un desafío histórico en el esclarecimiento de estos delitos, priorizados en cuatro de los siete macroprocesos que la entidad abrió y en los que ya están acreditadas 43 víctimas de violencia sexual. A estas víctimas hay que cumplirles sin caer en estereotipos perjudiciales de género, ni desconociendo la relación entre la violencia sexual y el conflicto armado. Es hora de ponerle fin a tantas décadas de ignominia, oprobios e infamias. Es lo que desean, es lo que realmente buscan.
Resarcir su dolor solo será posible si la JEP avanza en el reconocimiento de su verdad y en la imposición de las sanciones restaurativas que les ayuden a sanar, garantizando que hechos tan miserables, como éstos, que las revictimizan, nunca más vuelvan a ocurrir. No más silencio social, no más connivencia con estas prácticas. Doctora Patricia Linares, presidenta de la JEP, tiene la palabra.
En su búsqueda de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, muchas de las mujeres víctimas han sido asesinadas o amenazadas por sus victimarios, que siguen sin reconocer la monstruosidad de sus delitos.