Nueva política social
La presente crisis sanitaria y económica originada por el COVID-19, ha develado importantes avances en materia de gestión pública, ilustrando la llegada de una nueva era de la política social bajo un enfoque moderno, apoyado en el manejo de datos y en el trabajo articulado entre distintas entidades.
El programa de Ingreso Solidario, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, y dirigido principalmente a un grupo poblacional, quizás no pobre en su totalidad, pero sí ampliamente vulnerable, que en buena medida depende de la economía informal, se convierte en un alivio económico importante para este segmento de la sociedad, que representa cerca del 36,2% del total de hogares del país, los cuales frente a cualquier choque, fácilmente pueden caer en la pobreza. Tal choque llegó a manera de pandemia y ataco vorazmente a más de 13,7 millones de ocupados que se desenvolvían en el sector informal y permanecían en su mayoría, invisibles frente a las ayudas estatales, como el subsidio a la nómina.
Por otro lado, el programa inició planteando una temporalidad de 2 meses, próximos a cumplirse, no obstante, el presidente Iván Duque manifestó esta misma semana que la emergencia sanitaria se extenderá hasta septiembre, por lo que queda sobre la mesa la oportunidad de revisar la duración de la medida, si lo que se quiere, además de minimizar el choque económico es incentivar a los hogares a mantenerse en sus casas para disminuir la velocidad de propagación de la pandemia y evitar el colapso del sistema de salud.
Ingreso Solidario involucró un proceso de ingeniería de datos, que había estado consolidándose durante décadas en el país, y que la urgencia de la necesidad permitió darle uso para una avanzada identificación y focalización de recursos, que a la fecha alcanzan a cerca de 2 millones de nuevos hogares beneficiados por transferencias monetarias; adicionales a los ya beneficiarios por programas sociales como familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor o devolución del IVA. El cruce de información implicó un trabajo mancomunado de varias entidades y sus distintas plataformas de información, desde Sisbén III y IV, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), las verificaciones realizadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Archivo Nacional de Identificación (ANI) y de la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP), así como con las centrales de información del sistema financiero.
Aunque la transferencia puede calificarse como insuficiente, teniendo en cuenta que la demanda por alimentos de los hogares colombianos al mes superan los $160 mil pesos que dispone el programa, su innegable necesidad supera las limitaciones en su monto y se constituye en la única fuente de ingresos para una mayoría de las familias beneficiadas.
El COVID-19 ha presionado a los gobernantes a proceder rápidamente ante un enemigo invisible, ilustrando nuevos ritmos de ejecución y apoyados en un enfoque redistributivo que busca atenuar en el corto plazo el choque económico, y poder así, consolidar de cara al futuro una senda de desarrollo inclusivo. *Directora Fundesarrollo