Justicia para mujeres
En un país en el que en menos de 6 meses han asesinado a 90 mujeres y en el cual la impunidad de feminicidios es del 40%, se deben adoptar de forma prioritaria cambios estructurales en materia de prevención y acceso a la justicia para las mujeres.
¿Por qué en un país donde la vida es un derecho y la violencia es un delito todos los días se conocen casos aterradores de abusos contra la mujer? Porque los violentos saben que hay una inmensa probabilidad de que no se les investigue o condene ante la justicia, que la víctima guarde silencio y que desde casos de acoso hasta feminicidios queden impunes sin que la sociedad exija cambios reales. Esto tiene una causa evidente: el Estado tiene instituciones creadas desde la visión patriarcal, incapaces de responder a la garantía de los derechos de la mujer.
Según la Corporación Sisma Mujer, más de una tercera parte de las víctimas de feminicidios ocurridos entre 2014 y 2017 habían pedido protección, frente a lo cual se debe sostener que, si una víctima de violencia advierte al Estado estos hechos y es posteriormente asesinada por su agresor, el Estado es responsable por no haber tomado las medidas necesarias. Para cambiar esto es necesario reformar las instituciones, empezando por aumentar el número de jueces y fiscales especializados en cuestiones de violencia contra la mujer hasta dar verdadero acceso a mujeres y niñas a los servicios de asistencia jurídica. Estas recomendaciones fueron dirigidas a Colombia por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), haciendo énfasis en la necesidad de aumentar el presupuesto destinado para investigar delitos de violencia sexual en el país.
Entre las recomendaciones del CEDAW hay una que toca directamente el problema: la necesidad de elevar a nivel ministerial a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Actualmente, no hay una entidad con verdadera incidencia en la agenda nacional que responda a la necesidad de formular e implementar políticas públicas para la garantía de los derechos de la mujer. La creación de este ministerio es imperativa y deberá contar con la participación efectiva de mujeres indígenas, afrocolombianas, lesbianas, bisexuales, transgénero y en situación de discapacidad. Las medidas anunciadas por el gobierno nacional y por la Fiscalía General son paliativos que no responden a los cambios estructurales que la gravedad de la situación amerita.
Aún se cuestiona por qué las mujeres acudimos a la prensa antes que a la Fiscalía, tema que ha sido objeto de debate por las denuncias de abusos cometidos por Ciro Guerra, publicadas en la revista de periodismo feminista Volcánicas. Las mujeres buscamos diferentes escenarios de justicia como la prensa por la evidente incapacidad del Estado de brindar justicia sin revictimización, respeto por la intimidad de las víctimas y celeridad en las investigaciones. Sin embargo, no es la prensa la que tiene la obligación de darnos garantías o justicia sino las instituciones, las cuales son responsables directas por la vulneración de los derechos humanos, bien por no adoptar las medidas necesarias a nivel institucional o legal, como por no brindar mecanismos eficaces de protección y seguridad para la mujer.