215 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde 2016

¿Por qué sigue la masacre?, ¿qué pasa con las investigaciones? Responden en EL HERALDO el Partido Farc, Indepaz y analistas.

Esta semana el Partido Farc dijo que han asesinado a 215 de los desmovilizados de la antigua guerrilla, el Gobierno respondió que no se va a repetir el genocidio de la Unión Patriótica y la JEP y la Comisión de la Verdad pidió protección estatal para los reinsertados.

Es decir, siguen asesinando a los excombatientes, incluso en medio de la pandemia.

El Gobierno sostiene que sigue trabajando para garantizar la vida de los exguerrilleros y el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reiteró que todo tiene que ver con el proceso del tráfico de drogas: “Nos acecha un enemigo de la sociedad y de la comunidad internacional que es el narcotráfico”.

Mientras tanto, el sistema de justicia transicional insta a la ciudadanía a exigir y asumir la defensa de la reconciliación: “Toda Colombia tiene que defender, hoy más que nunca, el valor de la vida humana y no desfallecer en la construcción de la paz”.

Por su parte, la Fiscalía indica que ha logrado 28 sentencias condenatorias por el homicidio de personas en reincorporación y que de 239 afectaciones a excombatientes Farc, entre homicidios, desapariciones y tentativas de homicidio, se han hechos avances en 105 casos, se han vinculado 204 personas a las investigaciones y se han capturado 102 personas. Y agrega que van 53 órdenes de captura contra autores intelectuales y se han hecho efectivas 10.

PARTIDO FARC

Desde el Partido Farc ven algún grado de responsabilidad estatal en lo que viene sucediendo. Así se lo dijo Rodrigo Granda a EL HERALDO.

“Completamos 215 asesinatos, son cifras macabras. Esto sucedió en Cumbal (Nariño). Es una espantosa cadena de asesinatos, tiene un solo centro de dirección y revive todo lo que pasó con la Unión Patriótica en los ochentas. El Gobierno ha venido sistemáticamente negando que tenga algo que ver en la continuidad de los asesinatos, pero son también las amenazas, es el desplazamiento forzado de la comunidad exguerrillera en reincorporación. Hay una estigmatización de altos funcionarios del Estado partiendo por el exministro de Defensa, la exministra y la ministra de Interior”, advirtió.

Reiteró que el Estado es responsable toda vez que “tiene la obligación principal de preservar la vida, honra y bienes de sus ciudadanos. Firmamos el acuerdo no para que nos mataran sino para que se hicieran las transformaciones sociales, económicas y políticas, y el Estado no está haciendo absolutamente nada, fuera de sacar una lista de mercado de 43 supuestas medidas de seguridad cuando lo que necesitamos es que pare el exterminio continuado del Partido Farc y de otros sectores de la población afectados por estos crímenes”.

Y criticó Granda que el Estado, “para lavarse las manos, dice que estamos averiguando, se está esclareciendo. Lo hemos denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Bachelet, a la segunda misión de la ONU, hemos recurrido a la denuncia internacional y nadie parece frenar la ola de asesinatos, que no frenarán mientras no se cumpla esto como una directriz de

lo firmado en La Habana y que se haga el cumplimiento integral de los acuerdos”.

Por último, propone que el Gobierno “reconozca que existe el paramilitarismo, que existen dentro de la fuerza pública misma personas interesadas en

desestabilizar al país y en seguir con nexos con el paramilitarismo, que la Fiscalía saque las 15 mil compulsas y comiencen a investigar a esas personas que tienen apellidos muy pomposos y que no siga la anuencia de algunos altos mandos militares que saben cómo se mueven esas estructuras”.

EXMILITARES

El oficial retirado y analista de seguridad, John Marulanda, señaló a EL HERALDO que coincide con el parte que da Archila.

“Estadísticamente hablando, lo que muestran la Fiscalía y los entes de investigación es que la mayoría de asesinatos de reinsertados se han dado por asuntos de narcotráfico, precisamente en áreas en donde está la mayoría de cultivos ilícitos en el país: Cauca, Catatumbo, Arauca, Putumayo, Caquetá y parte de Antioquia. De modo que la lógica consecuencia para analizar esto es que están actuando donde se han fortalecido las llamadas disidencias y el ELN, que han visto a los reinsertados como un estorbo para continuar con el control de las comunidades que son las que finalmente cuidan y cultivan estos sembradíos de coca”, considera.

Agrega el experto en este sentido que “la mayoría de asesinatos se ha dado entre ellos, entre los mismos miembros de las bandas de narcoterroristas del ELN y las Farc, y eventualmente se han logrado verificar otros asesinos de reinsertados y de líderes sociales vinculados, la gran mayoría, a asuntos de tenencia de tierras que a su vez están ligados a los cultivos ilegales. Entonces lo que vemos es una ‘vendetta’ a gran escala y que va a aumentar con el tiempo entre los reinsertados, los que siguen en armas con el narcotráfico y algunos de sus jefes que marrulleramente siguen desde Bogotá y otros lugares incentivando esta matazón. Y no faltan los que le echan la culpa al Ejército y la Fuerza Pública y usan manidamente el argumento de unas tales ‘Águilas Negras”.

INDEPAZ

El exministro Camilo González, director de Indepaz, dijo a EL HERALDO coincidir con la colectividad de desmovilizados en que hay estigmatización en contra de quienes firmaron la paz.

“Se ha generado un ambiente de descalificación a las personas que dejaron las armas, y hay muchas afirmaciones desde vocerías muy importantes que dicen que es una farsa, que ellos en realidad se están camuflando en el Congreso y por otro lado haciendo acciones delictivas, entonces ese ambiente de acusaciones y de desconocimiento de los compromisos de la paz los convierten en objetivos de agresiones a donde llegan: si llegan a un territorio son sospechosos, si llegan a una parte a hacer política, que fue para que firmaron los acuerdos, entonces son criminales en impunidad y de esa manera se desvaloriza la justicia y se alienta la justicia por mano propia”.

Para el analista, además, “el Estado tiene una política de omisión. Fundamentalmente no hay siquiera un pronunciamiento categórico desde las altas esferas del Gobierno de repudio y de llamamiento a cambiar ese ambiente de discursos de odio”.

Y concluye González que no se ha llegado a quienes ordenan los homicidios: “La responsabilidad material inmediata es de sicarios, que llegan y buscan a estos reincorporados cerca de sus lugares de residencia y eso es muy diciente. También ha habido disputas de territorios, donde actúan grupos organizados, ya sea disidentes o narcoparamilitares. Pero en la inmensa mayoría de casos son sicarios, de modo que allí no hay una huella de los autores intelectuales”.