Tráfico de órganos, otro mal que se le suma a las trochas en la frontera con Venezuela
El rescate de un hombre en la guajira venezolana dejó en evidencia la presencia de grupos dedicados a cometer este tipo de delito.
El rescate de un hombre, que demoró 7 días secuestrado en la Guajira venezolana, dejó en evidencia la presencia de grupos dedicados al tráfico de personas en los pasos ilegales para la venta de órganos humanos La denuncia la hizo la Guardia Nacional Bolivariana.
El pasado miércoles el rescate de un hombre que estuvo secuestrado, durante 7 días en la guajira venezolana, dejó al descubierto otra situación que estaría ocurriendo en los 65 pasos no formales (trochas) detectados por las autoridades a lo largo de los 403 kilómetros de línea fronteriza entre ambos países.
Se trata de grupos irregulares, que –además del contrabando de armas, gasolinas, alimentos y drogas– estarían dedicados al tráfico de personas cuyo fin último es la venta de órganos humanos.
El hombre rescatado le contó a voceros castrenses, según funcionarios militares del vecino país, que salió de la ciudad de Cabimas (estado Zulia) con la intención de llegar a Colombia, pasando por trochas, pero fue víctima “de grupos irregulares que operan en la frontera y que se dedican a la trata de personas, para la venta de órganos humanos”.
“La víctima había aceptado viajar por esos pasos fronterizos ilegales, pero cayó en la trampa de quien le dijo que lo llevaría hasta el vecino país”, detalló uno de los voceros del organismo de seguridad de esa jurisdicción venezolana.
Durante el operativo resultó detenido Antonio Olivares Navas, quien le habría ofrecido al rescatado “la oferta de viaje hacia Colombia, utilizando vías alternas”.
“Olivares se dedicaba a ofertar el servicio de viajes y traslados por vías alternas hacia el vecino país, para captar las víctimas y luego negociarlas a los grupos irregulares generadores de violencia”, señaló el vocero.
UNA CIFRA. La situación disparó las alarmas entre los grupos e instituciones en el país que han seguido de cerca el fenómeno de la migración venezolana, debido a que serían muchas las personas que estarían poniendo en riesgo sus vidas.
Según fuentes de Migración Colombia, aproximadamente unos 600 venezolanos cruzan cada día las trochas, debido al cierre de las fronteras decretado por el Gobierno nacional
ante la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19.
“Los llamados caminantes están pasando por las trochas y sabemos que son más los que vienen en camino. Esto dentro de un mes podría cambiar radicalmente el panorama actual de los migrantes en el país”, dijo la fuente.
En julio de 2018 hubo un hecho que dejó en evidencia el posible tráfico de órganos. En ese momento, la fundación Redes de Venezuela denunció ante la Fiscalía la operación de una red que tiene como radio de acción la zona de frontera y cuyas víctimas serían parte de los indígenas Yukpa. “Estarían matando a indígenas para extraer sus órganos en centros clandestinos”, contenía la denuncia.
ALERTA DE LA DEFENSORÍA. Actualmente, el escenario en el municipio de Maicao configura, según la Defensoría del Pueblo, “un riesgo alto” para el ejercicio de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, en la medida que se vienen presentado una serie de hechos vulneratorios por parte de grupos armados ilegales y organizaciones armadas transnacionales, primordialmente, que generan mayor amenaza para la población civil debido a las acciones bélicas de control en los pasos fronterizos irregulares.
“Las acciones violentas se encaminan a la imposición de un orden social en los territorios focalizados a partir de amenazas en contra de la vida e integridad física de las personas, homicidios, secuestros, extorsiones, violencia basada en género, enfrentamientos con interposición de la población civil, desplazamiento forzado y reclutamiento forzado y/o uso o utilización de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales”, señala la entidad en su alerta temprana emitida solo para el municipio de Maicao.
Ese tipo de violencia, de acuerdo con la Defensoría, la estarían ejerciendo grupos de delincuencia organizada transnacional autodenominados ‘Pranes’, que son expresidiarios venezolanos que mantenían el control en el interior de las cárceles de ese país, a través del uso de la violencia. También controlaban el microtráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el interior de las penitenciarías.
“Dentro de los grupos de delincuencia transnacional identificados, se encuentran aquellos que buscan controlar los pasos irregulares o trochas, que son reconocidos como corredores de movilidad estratégicos y que históricamente han sido utilizados para el tránsito de personas y mercancías que entran a Colombia sin pago de impuestos”, describe la alerta.
El escenario de riesgo hacia la zona de frontera se viene “agudizando progresivamente”, ya que estos grupos armados que operan en las trochas, además de mantener el control socio-territorial en el lado colombiano, también lo hacen en el lado venezolano, donde –además– han generado desplazamientos masivos de las poblaciones que se encuentran asentadas en varios puntos de la frontera.