Sobreviviente de masacre en Sucre está escondido
Se trata del líder indígena Carlos Valerio Betín No es el único caso: José Beltrán, sobreviviente de la masacre de La Guaripa, de enero de 2018, sigue desprotegido.
Así lo advierten los defensores de derechos humanos de la región
→ Distintos sectores políticos y jurídicos piden protección para el líder indígena, Carlos Valerio Betín → Ofrecen $50 millones por información sobre los autores.
SINCELEJO Y BOGOTÁ. Carlos Arturo Valerio Betín, el capitán indígena de la vereda Enlatá que pertenece al Resguardo Colonial Toluviejo situado en la subregión del San Jorge sucreño, es otro testigo de una masacre ocurrida en el departamento de Sucre que de momento no cuenta con protección.
Este líder étnico es el sobreviviente de la masacre ocurrida la tarde del sábado 24 de octubre en una zona cenagosa del municipio de San Marcos hasta donde llegaron hombres armados a bordo de una chalupa y abrieron fuego contra indígenas y campesinos que estaban en la finca Los Caracoles, cerca a la ribera del Caño Caimán, las dos zonas donde quedaron tendidos los cadáveres de Lácides Manuel Cochero Alba, de 46 años; de su primo Darwin Rafael De Hoyos Madera, de 42; del abogado Arquímedes Getulio Centanaro Carriazo, de 50 años; de Julio Eduardo Hoyos Moreno, de 75 años, y de su hijo Óscar Javier Hoyos Banquet de 42.
Al igual que Valerio Betín, en Sucre también es sobreviviente de la masacre contra tres personas ocurrida el 25 de enero de 2018 en La Guaripa, zona rural de Sucre-Sucre, en la subregión Mojana, José Miguel Beltrán Osorio, quien no tiene protección y dice que le ha tocado estar de un lado a otro.
“ESTÁ ESCONDIDO”. Adil Meléndez, abogado, líder afro de Sucre, defensor de Derechos Humanos y miembro del Movice, le dijo a EL HERALDO al mediodía de ayer que el sobreviviente de esta masacre está en la zona donde ocurrieron los hechos, “está escondido porque teme por su vida y nosotros desde el Movice estamos adelantando las acciones para que tenga todas las garantías de protección que necesita”.
Sectores políticos y sociales también piden proteger al sobreviviente de esta masacre. La senadora Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica, hizo el llamado a través de su cuenta de Twitter: “La @ UNPColombia tiene la obligación de proteger al líder indígena Carlos Valerio Betín, sobreviviente de la masacre de Sucre. Repito, el Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos. No es deber del Estado proteger a los masacradores”.
A su vez el Movice trinó: “Exigimos protección a la vida de Carlos Arturo Valerio Betín, líder de la comunidad indígena Zenú, sobreviviente de la masacre, así como a todas las personas que hacen parte del cabildo”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, citando las denuncias de este diario, alertó “a los organismos de derechos humanos y a las autoridades: @FiscaliaCol, @ PGN_COL, @DefensoriaCol, @GobSucre, @SucrePolicia, sobre la situación de riesgo en la que se encuentran estas familias. (...) El sobreviviente había entutelado a la Alcaldía de San Marcos por un procedimiento irregular de desalojo, y un juzgado admitió su tutela por presunta violación de derechos a defensa, debido proceso y acceso a la justicia”.
Mientras que Global Justice Association señala que “se teme por la vida del sobreviviente, quien exige garantías de seguridad y que la masacre está asociada a la reclamación de tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la zona”.
Entre tanto, el líder de la oposición Gustavo Petro, senador de la Colombia Humana, dijo que algunas de las víctimas son cercanas a su movimiento.
LAS DENUNCIAS. El líder indígena había anunciado denuncias penales en contra de la Alcaldía y la Secretaría del Interior de San Marcos, así como contra particulares, por un procedimiento policivo de desalojo aparentemente ilegal contra unas 200 viviendas indígenas y campesinas.
En un documento dirigido al secretario del Interior, Rodolfo Hernández, señala: “Usted usurpó las funciones cuando adelantó el procedimiento policivo (...), cuyo querellante es el señor Rafael Rivera, porque esa ciénaga pertenece al municipio de San Benito Abad (...), un delito penal”.