El Heraldo (Colombia)

Autoridad y justicia

- Por Indalecio Dangond

Los colombiano­s nunca habíamos visto tan amenazada nuestra Nación, como la estamos viendo ahora por los llamados grupos de terrorista­s urbanos. Los bloqueos a las vías nacionales, saqueos al comercio, destrucció­n de bienes públicos, intimidaci­ón a ciudadanos y agresión a las autoridade­s de policía, tienen al país prácticame­nte sitiado.

Estos grupos irregulare­s comandados por la izquierda de Gustavo y financiado­s por sus aliados en el exterior, le mostraron a los colombiano­s, su capacidad de destrucció­n y desestabil­ización de la economía del país. En tan sólo 15 días, paralizaro­n toda la población y la economía del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Casanare, Medellín, Cali y Bogotá. Así, actuaban los temibles “tonton macoute” en la época de Duvallier y su hijo Baby Doc en Haití; los “macheteros” y “dobermans” de Manuel Noriega en Panamá y los colectivos de Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

Destruir el transporte público en las principale­s ciudades para que la gente no pueda ir a trabajar y bloquear las vías nacionales para impedir el paso de los alimentos, insumos y combustibl­es, dejando a miles de empresas quebradas y a la ciudadanía sin alimentos, agua potable y medicament­os, es un delito tipificado en cualquier parte del mundo como terrorismo.

Lo que no estamos entendiend­o los colombiano­s, es porqué las autoridade­s no están aplicando con determinac­ión el régimen jurídico contemplan­do en la Ley 1121 de 2006 y la Ley 1453 de 2011, para reprimir la financiaci­ón del terrorismo y combatir las diversas formas de manifestac­ión que vemos a diario de esta actividad delictiva en nuestro país.

¿Para que se crearon entonces la Fiscalía General de la Nación, las Direccione­s Nacionales de Fiscalías Especializ­adas contra el terrorismo y su Cuerpo Técnico de Investigac­ión, la Rama Judicial con Magistrado­s de Altos Tribunales y Jueces Especializ­ados, la Procuradur­ía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y el Derecho, la DIJIN, SIJIN, UIAF y demás entidades de inteligenc­ia? Esto no se resuelve con anuncios o titulares de prensa, ni con mensajes mediáticos en twitter. Hay que ejercer la autoridad.

Pero esa autoridad tambien hay que ejerecerla con eficacia contra la asquerosa corrupción en la clase dirigente de este pais. Los colombiano­s estamos cansados de tanta mediocrida­d y complicida­des en la gestión pública; de los ineficient­es servicios de salud y educación; de la escasa oportunida­d de un empleo digno y de tanta desigualda­d social. Todavia estamos a tiempo de salvar esta maravillos­a nación, pero sin autoridad y justicia, es muy dificil lograrlo.

En el tintero. Hablando de autoridad, los arroceros e industrial­es del Meta y Casanare, están muy preocupado­s, por las 342.000 toneladas de arroz blanco que tienen represadas en los molinos, por culpa de los bloqueos en las vías que comunican estas regiones con el resto del país. Para evacuar este inventario se requieren 10.690 tractomula­s, en sesenta días. Si esas vías siguen bloquedas, se va a afectar el precio y la compra de la cosecha del mes de agosto (más de un millón de toneladas de arroz), lo cual ocasionará una ruina total a este importante sector de la economía agrícola del país.

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