Resistencia Barranquilla contra los violentos
Ninguna ‘noble causa’ valida el uso arbitrario de la violencia. Barranquilla debe hacer frente común para aislar a quienes promueven el vandalismo que daña nuestro tejido social amenazando la sana convivencia de esta tierra de paz donde la libertad no se
Tras dos días consecutivos de batalla campal en los alrededores de la calle 72, entre carreras 47 y 50, en la localidad Nortecentro Histórico de Barranquilla, que dejaron personas lesionadas, destrozos en establecimientos comerciales y daños en el mobiliario urbano del sector, vale la pena preguntarse ¿a quién beneficia este caos que ha proyectado la imagen de una ciudad ‘en llamas’? Este nivel de toxicidad no es gratuito.
La manipulación perversa engatusa con insidias y detrás de este clima envenado se encuentran instigadores del odio, profesionales del descrédito, la agresividad y la descalificación que, luego de hacer uso de la mentira y la falsedad en su propio beneficio, hoy se frotan las manos por haber desatado esta confrontación malsana. Que nadie se deje engañar con el falso dilema de justificar las acciones violentas porque están cargadas de ‘buenas intenciones’ o amparadas por ‘nobles causas’ necesarias para lograr transformaciones sociales. Todo lo contrario. La violencia es mala en sí misma y deslegitima el valor de la protesta ciudadana.
Lo visto en los últimos días en los alrededores del estadio Romelio Martínez es vandalismo callejero puro y duro, incluso delincuencia que exigen respuesta de las autoridades para individualizar y sancionar a los autores de los desmanes. El problema del odio y de promoverlo en el lenguaje o con actos que escapan de la legalidad acarrea responsabilidades de distinta dimensión que no se pueden desconocer porque corremos el riesgo, como sociedad, de transitar hacia un punto de no retorno en materia de violencia. Banalizar la gravedad de destrozar y saquear entidades bancarias o cajeros electrónicos porque los bancos, a juicio de muchos ciudadanos, son ‘abusivos’ es una equivocación en defensa de lo indefendible que alimenta una inaceptable connivencia con la ilicitud.
“Lo que no nos hizo la pandemia nos lo hicieron nuestros propios hermanos”. Esta lapidaria frase de la administradora de una compraventa de la calle 72 refleja toda la impotencia y el dolor de los afectados por el vandalismo. Este sector, otrora uno de los puntos de mayor esplendor comercial de Barranquilla, intenta sobreponerse al embate de la crisis económica desatada por la emergencia sanitaria que obligó a prolongados cierres, y ahora tiene que asumir los estragos causados por los disturbios de encapuchados enfrentados durante horas a la fuerza pública, y de los que arremetieron contra locales en claros intentos de saqueos. A nadie se le puede escapar el doble rasero inadmisible de quienes reclaman una sociedad con más equidad económica y justicia social, mientras validan el uso de la violencia vulnerando los derechos de los demás, como los desolados comerciantes de la 72. No es solo la vitrina de un negocio, son familias en riesgo de quedarse sin ingresos.
Es lamentable que a tantos les cueste reconocer la sinrazón de la violencia. Quienes promueven estos discursos de odio, bajo la incongruente y contradictoria tesis de luchar por el bienestar colectivo no solo están cruzando peligrosas líneas rojas, sino que empujan a otros a hacerlo incitando a la violencia. La protesta pacífica es legítima, la provocación vandálica no. Los ciudadanos deben contar con las garantías para manifestarse en contra de un partido de fútbol sí así lo desean, pero acudir a la destrucción como su argumento de autoridad es un despropósito que amenaza el bienestar colectivo, y la Policía, garante de la convivencia, debe intervenir. No nos dejemos engañar. Manifestarse pacíficamente no es contrario al ejercicio de la libertad. Que la inconcebible estrategia de ataque de la maledicencia no prospere en Barranquilla, tierra de libres donde compartimos los valores fundamentales de una sociedad democrática que rechaza el uso arbitrario de la violencia, promueve el respeto y defiende los derechos humanos. Esperamos que nuestras autoridades estén a la altura de este desafío.
La protesta pacífica es legítima, la provocación vandálica no. Los ciudadanos deben contar con las garantías para manifestarse en contra de un partido de fútbol sí así lo desean, pero acudir a la destrucción como su argumento de autoridad es un despropósito que amenaza el bienestar colectivo, y la Policía, garante de la convivencia, debe intervenir.