¿Sería sancionada Colombia si no acata recomendaciones de la CIDH?
Las recomendaciones de la Comisión generaron un “rifirrafe” entre esta y el Gobierno nacional Expertos analizan los pro y los contras de este.
No pasa nada. Tal y como lo aseguró la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, “el Gobierno no está forzado a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
No hay mejor explicación para esto que la dada por la alta funcionaria: “estas medidas no son de carácter forzoso puesto que no son obligatorias, porque carecen de un carácter vinculante al no hacer parte de una investigación”.
Las 48 páginas, 180 hallazgos y 41 recomendaciones de la CIDH en lo que respecta a hechos ocurridos en el marco de la protesta social generaron un “rifirrafe”, como se dice coloquialmente, entre esta y el Gobierno nacional quien “recibió con extrañeza” algunas de las recomendaciones y en palabras textuales de la Canciller “este tipo de informes jamás aplauden a los gobiernos y siempre tienen reparos”.
Fue el mismo Gobierno quien mencionó “concordar y coger algunas sugerencias, pero apartarse de otras” que no piensan cumplir. Y si bien es cierto, que Colombia no recibiría ningún tipo de sanción penal o legal por ignorar las recomendaciones de la CIDH expertos consultados por EL HERALDO mencionaron “sanciones” relacionadas indirectamente con el incumplimiento de las sugerencias.
Para el analista político, docente de la Universidad del Externado y experto en derechos humanos, Jorge Iván Cuervo, “es una cuestión de coherencia” pues “si el gobierno aceptó la visita, permitió las reuniones y entregó información oficial, el derecho internacional se rige por el principio de la buena fe, en ese sentido se deberían acatar la mayoría de las recomendaciones y las más significativa no serán recogidas. En la práctica el Gobierno acogerá algunas recomendaciones, otras no, y luego la Comisión evaluará a través de un menales canismo de seguimiento de los Derechos Humanos que estará monitoreando permanentemente lo que está sucediendo aquí”.
Asimismo, explicó Cuervo que “el no acatamiento no tiene sanción, pero sí es cuestión de imagen internacional, que cuando al estado colombiano le dibujaron una grave situación de Derechos Humanos prefirió la negación y volcarse sobre su soberanía interna cuando lo que se espera es que la recomendación de los organismo internacioayude a mejorar la situación del país.
“Ante un no acatamiento lo máximo que podría darse es una convocatoria del llamado Consejo Permanente de la OEA para discutir por qué Colombia no acató eso, pero seguramente Colombia tiene los votos necesarios para no llegar a eso”, puntualizó el experto.
Por otro lado, Carlos Charry; PH.D en sociología, docente universitario e investigador del Observatorio del Conflicto Social; le dijo a este medio de comunicación que “no es la primera vez que la CIDH lanza recomendaciones para Colombia, el asunto es que este ya es un informe más completo y detallado (…) son recomendaciones que no obligan al Estado a acatar, pero sí pueden generar que determinados organismos internacionales de los que Colombia recibe ayuda decidan sancionar al país por no acatarlas”.
Explicó Charry que “Un ejemplo puntual es la Unión Europea y los Estados Unidos, donde los demócratas son muy susceptibles con el tema de derechos humanos, y han estado muy atentos al tema de la protesta social en Colombia”.
LAS negativas DE COLOMBIA. El país ha sido enfático en rechazar, tajantemente, algunos puntos de las recomendaciones dadas por la CIDH.
En ese sentido, el presidente de la República, Iván Duque, mencionó este miércoles que “nadie puede decirle a un país que tolere los actos criminales” refiriéndose a los bloqueos. Asimismo, lo ratificó la vicepresidenta quien este jueves dijo “no se puede acatar la recomendación relacionada con los bloqueos, ya que esta práctica ha afectado la economía y ha puesto en riesgo la vida de los colombianos, por ello es un hecho que no se puede permitir”.
De igual forma, el ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció asegurando que “la Policía se queda en el Ministerio de Defensa”, haciendo alusión a la sugerencia de separar a la institución de esa cartera.
“La Policía Nacional de todos los colombianos se queda en el Ministerio de Defensa Nacional. Esto optimiza las capacidades, la doctrina y los resultados conjuntos y coordinados. Significa fortaleza de cara al combate de la criminalidad. La misión y funciones de las Fuerzas Militares y de la Policía están claramente diferenciadas desde la Constitución Política”, aseguró Molano.