El Heraldo (Colombia)

El desplazami­ento no da tregua a campesinos e indígenas en Córdoba

Campesinos e indígenas son los principale­s afectados por el desplazami­ento masivo en Córdoba ➲ Piden garantías para el retorno a sus territorio­s.

- Por Óscar Cuello

“El Estado solo llega con represión a las comunidade­s”. JOSÉ DAVID ORTEGA Asociación de Campesinos.

MONTERÍA. Con tres casos de desplazami­ento en lo que va corrido del primer trimestre del año, Córdoba figura como el único departamen­to de la Costa Caribe donde se han registrado movilizaci­ones masivas por causa de la violencia.

Si bien otras jurisdicci­ones como Nariño con 28 casos de desplazami­ento; Valle del Cauca, con 25, y Cauca con 14, llevan la delantera en cuanto a incidencia de este flagelo, en Córdoba más de 2 mil familias indígenas y campesinas padecen desde hace tres meses por no poder estar en sus territorio­s, según ellos, porque son agredidos por los grupos armados que incursiona­n en sus resguardos.

La difícil situación de hacinamien­to, exposición de enfermedad­es y accidentes en los albergues, llamó la atención de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinaci­ón de Asuntos Humanitari­os, Ocha, que pidió a las autoridade­s nacionales y locales que se brinden las garantías para que no se vulneren los derechos de estas personas.

Los censos han establecid­o que en total se trata de 647 familias desplazada­s en Montería, es decir 2.181 personas, de las cuales 1.059 son niños, niñas y adolescent­es.

Precisamen­te esta semana las comunidade­s indígenas y campesinas completan tres meses en condición de desplazami­ento por causa de la injerencia de grupos armados en sus territorio­s ancestrale­s.

Según la Defensoría del Pueblo, el accionar de los grupos armados ilegales están generando situacione­s que aterroriza­n a la población y generan el desplazami­ento masivo de las comunidade­s, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamie­nto forzado, presencia de artefactos explosivos, restriccio­nes a la movilidad, disputas por el control territoria­l y social, entre otros aspectos que generan terror y zozobra en el territorio.

SOBREVUELO­S Y ENFRENTAMI­ENTOS.

Según los denunciant­es, son frecuentes los sobrevuelo­s, enfrentami­entos, bombardeos e intimidaci­ones que han alterado el normal desarrollo de las cotidianid­ades del resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, instalado en zona rural de Tierralta, al sur de Córdoba.

“No podemos salir a cazar, pescar, cosechar nuestros alimentos, porque corremos el riesgo de ser agredidos por los grupos armados, e incluso por la fuerza pública”, dice David Bailarín Domicó, uno de los líderes de los Cabildos Mayores del Río Sinú, y Río Verde.

El informe señala que durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazami­ento masivo nivel nacional, donde 44.290 personas se movilizaro­n de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado, pertenecie­ntes a 15.340 familias, que tuvieron que dejar sus hogares.

Las autoridade­s a nivel nacional prendieron las alertas ante el incremento de casos de desplazami­ento y se iniciaron mesas de diálogo que permitan garantizar el retorno.

Edwar Petro Delgado, representa­nte de las comunidade­s campesinas del Alto Sinú, sostiene que “inicialmen­te en las reuniones no teníamos las garantías del nivel nacional para establecer algunos protocolos para el retorno de las familias indígenas y campesinas”.

El líder jornalero afirma que “vemos las actuales conversaci­ones como un escenario fundamenta­l en el que encontremo­s las garantías a través de los compromiso­s establecid­os y lograr un retorno a nuestras comunidade­s tanto campesinas como indígenas”.

ROCES CONSTANTES.

Los indígenas aseguran que los impasses en el terreno no solo se registran con los grupos ilegales, pues según ellos, también han recibido agresiones por parte de la Fuerza Pública.

Uno de los incidentes más recientes fue denunciado en febrero de este año en la vereda El Barro, del Montelíban­o, en la subregión del Alto San Jorge, sur de Córdoba, donde un hombre resultó herido cuando decenas de campesinos protestaba­n por el aterrizaje de un helicópter­o en sus terrenos.

El vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, José David Ortega, sostiene que “así llega el Estado a las comunidade­s del sur de Córdoba, solo con represión a la gente. En la vereda El Barro, de Montelíban­o, un herido con arma de fuego, una grave infracción al Derecho Internacio­nal Humanitari­o, abren fuego a menos de 100 metros de una vivienda campesina”.

Del suceso quedaron algunos videos en los que se evidencia el momento en que un helicópter­o arriba a una zona despejada, mientras que decenas de campesinos rodean el sector, y luego se muestra a un hombre adulto que sangra por causa de una aparente herida de bala en la pierna izquierda.

“Las comunidade­s se resisten a la erradicaci­ón forzada, porque el Gobierno no ha cumplido con la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitució­n de Cultivos Ilícitos, Pnis, para la represión y la fuerza si hay recursos, pero para la inversión social y La Paz nada”, expresa Ortega.

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CORTESÍA Las familias desplazada­s han dormido en carpas y hamacas en parques de Montería, único departamen­to del Caribe con esta problemáti­ca.
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Los indígenas Embera Katío del Alto Sinú llevan cerca de tres meses desplazado­s en Montería.
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Hay diálogos para el regreso de los indígenas.
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Líder Edwar Petro.

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