Cerrar el cerco al sicariato
Amenazas, extorsiones y sicariatos estarían detrás de los 54 homicidios registrados en el Atlántico durante el pasado mes de abril, en su mayoría en Barranquilla y su área metropolitana.
Los 54 nuevos crímenes registrados en el Atlántico durante el mes de abril, que los elevan a 226 en lo corrido de 2022 –51 casos más que en el mismo periodo de 2021– vuelven a poner en el centro del debate la pertinencia de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades, que no parece estén siendo todo lo eficaces que se esperaría para detener la embestida de distintos fenómenos delincuenciales en el departamento. Convendría preguntarse: ¿Es el momento de reorientar acciones como el aumento de pie de fuerza, actividades de control e inteligencia y recompensas por información?
Preocupa la frecuencia con la que se cometen los asesinatos (hasta dos o tres diarios), al igual que la circulación –sin ningún tipo de control– de armas de fuego que ingresan a nuestro territorio vía terrestre e incluso a través de encomiendas aéreas, en ocasiones pieza por pieza, para luego ser armadas y usadas en casos de amenazas, extorsiones y por supuesto en episodios de sicariato. Todos son graves delitos que en buena medida, según se puede determinar con posterioridad, se ordenan desde el interior de las cárceles, que continúan siendo un incontrolable foco de ilegalidad.
En el caso de las muertes violentas en el área metropolitana de Barranquilla, 32 corresponden a la capital, 14 a Soledad, 3 a Malambo, mientras que Galapa y Puerto Colombia suman un crimen, cada uno. Los otros fueron en Manatí, Usiacurí y Ponedera. Basta contrastar los hechos para establecer con certeza cuáles son esos puntos ‘calientes’ de la ciudad y de Soledad, donde la Policía debería insistir en focalizar sus esfuerzos para enfrentar tan lamentable realidad que amenaza la convivencia ciudadana y la paz social de las comunidades, en especial de los sectores más vulnerables, en los que residen las víctimas fatales. Sin seguridad no habrá bienestar ni progreso porque el miedo es el que manda e impone silencio e impunidad. Hace unas semanas, la Policía le aseguró a EL HERALDO que una guerra por el control del microtráfico en el suroccidente de Barranquilla, lanzada por la banda criminal ‘los Costeños’ contra sus antiguos socios que desconocían sus órdenes, era la causante de la oleada de crímenes en barrios de esa localidad. Hipótesis razonable en el extremadamente volátil mundo delincuencial, en el que la modalidad de sicariato es la más empleada para ajustar cuentas, como se ha comprobado durante los últimos meses en la ciudad y municipios vecinos. Puntualmente en Soledad, una disputa interna entre grupos delincuenciales habría desatado el asesinato de tres vigilantes informales, también según la Policía.
Está claro que los ataques sicariales, por encima de otros delitos violentos, van al alza en Barranquilla y su área metropolitana. Casos alarmantes rodeados de más preguntas que certezas, por lo que la ciudadanía sigue demandando información más amplia sobre el resultado de las pesquisas en curso, además, claro, de resultados contundentes contra sus responsables, teniendo en cuenta el impacto que generan en el contexto de la seguridad. Si el tráfico de drogas aparece como uno de los hilos conductores de las conjeturas de las autoridades para explicar la creciente dinámica del sicariato en el departamento, surgen nuevas inquietudes acerca de su vinculación con los grandes cargamentos de cocaína decomisados este año en Barranquilla y Soledad, que pertenecerían al Clan del Golfo. Por cierto, ¿guardan relación con las amenazas a los habitantes de la zona costera de Juan de Acosta, donde hay temor por la expansión del grupo criminal? De ser así, se hacen imprescindibles acciones más robustas para afrontar una situación que puede llegar a desbordarse.
El irreflexivo argumento de que “el que a hierro mata, a hierro muere” no es válido para intentar justificar la muerte de personas con antecedentes judiciales, turbios pasados o presentes fallidos. Ciertamente no causan el mismo impacto social de delitos como las extorsiones a comerciantes y los hurtos a usuarios del transporte público, pero estas vendettas no solo disparan la inseguridad en los territorios, también llegan a cobrarse la vida de inocentes, niños o mujeres, en quienes terminan alojadas las balas de los sicarios. Se requiere celeridad en las investigaciones y resultados en los procesos judiciales, al igual que acciones más articuladas para frenar las nuevas amenazas de la criminalidad, de lo contrario quedará la sensación de que la impunidad gana la partida.
Preocupa la frecuencia con la que se cometen los asesinatos (hasta dos o tres diarios), al igual que la circulación –sin ningún tipo de control– de armas de fuego que ingresan a nuestro territorio vía terrestre e incluso a través de encomiendas aéreas.
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