Víctimas cuestionan la extradición de ‘Otoniel’

Desde la captura de ‘Otoniel’, el 23 de octubre de 2021, diversos sectores se reclamaba que el jefe del Clan del Golfo no fuera extraditado tan rápido a Estados Unidos, pues se considera que aún guarda secretos y tiene mucha información que puede aportar a la Justicia colombiana para ayudar a esclarecer crímenes del conflicto.

Esas peticiones se fueron al piso una vez que el Gobierno colombiano cumplió con el trámite y lo envió a suelo estadounidense.

Silvia Berrocal, víctima de la masacre de La Chinita en Apartadó en el Urabá antioqueño se mostró pesimista ante la decisión de la extradición. “No quieren que hable porque toca políticos y gente del gobierno, entonces eso no les interesa a ellos ni que les digan las cosas”, dijo la mujer en diálogo con Caracol Radio. Precisamente representantes de la Comunidad de Autodeterminación y Vida Digna del Cacarica, de la Comunidad de las Camelias y del Consejo Comunitario Cabeceras; así como de la Comunidad de Pichima, el Cabildo Mayor de Murindó y la Comunidad de Jiguamiandó en el Chocó habían interpuesto la tutela para evitar que la medida fuese ejecutada, pues buscaban la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, por lo que pedían que Úsuga no fuera extraditado hasta tanto diera su versión sobre lo ocurrido con esas comunidades a manos del Clan del Golfo. Pero como respuesta a estas peticiones, el Consejo de Estado precisó que el derecho que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares a ser oídas “se encuentra protegido en el derecho interamericano a partir de la convención y declaración americanas”.