El Heraldo (Colombia)

El balance de las acciones criminales del Clan del Golfo

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El ministerio de Defensa y la Policía ofrecieron un balance de cómo estaban los departamen­tos afectados por la criminalid­ad del Clan del Golfo en los últimos días.

Es así como reportaron la captura de 180 personas en desarrollo de la ofensiva para contrarres­tar las intencione­s terrorista­s.

De igual forma señalaron que han sido incautadas 23 armas de fuego, 781 cartuchos de munición, 9 granadas y 5 artefactos explosivos, entre otros elementos.

El ministro Molano detalló que las Las Fuerzas Militares y la Policía han realizado 391 caravanas terrestres, 59 marítimas y fluviales, y 10 sobrevuelo­s. También se han acompañado 11.312 vehículos de carga y garantizad­o la seguridad a 25.432 personas.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que las acciones criminales del Clan del Golfo, también conocido como Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia (AGC), han derivado en los homicidios de tres civiles, un policía y dos soldados.

Balance de la JEP. Por otra parte, la Jurisdicci­ón Especial para la Paz (JEP), informó que desde el 4 al 8 de mayo, en el 16 % de los municipios del país, se registraro­n graves afectacion­es a los derechos a la vida, la integridad física y la libre movilidad de las y los ciudadanos.

Además que el Clan del Golfo habría cometido 309 acciones violentas durante los cuatro días que ha durado el paro armado.

Destacó la JEP que el 100 % de los municipios de La Guajira y Chocó, fueron afectados por las acciones terrorista­s ejecutadas por el Clan del Golfo.

ONU preocupada. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinaci­ón de Asuntos Humanitari­os, a través de su equipo en Colombia, se pronunció a las acciones armadas.

“El Equipo Humanitari­o País en Colombia (EHP), rechaza la violencia armada que se desarrolla en gran parte del país y particular­mente en #Antioquia, #Córdoba, #Sucre, #Bolívar, #Nortedesan­tander y #Chocó, que han generado graves afectacion­es humanitari­as a la población civil”, indicó la Ocha.

El organismo también mostró su “preocupaci­ón” por los ataques a misiones médicas, restricció­n de movilidad y acceso a servicios básicos, hostigamie­nto, amenazas, bloqueos de carreteras, incineraci­ón de vehículos, cierre de medios de comunicaci­ón locales y establecim­ientos comerciale­s.

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Una patrullera ubicada en la entrada de un mercado en Montería.

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