El Heraldo (Colombia)

Diez desafíos del Caribe

- Por Kelina Puche

Por estas épocas se hace necesario reflexiona­r más que nunca sobre las deudas históricas pendientes con la región Caribe, que la perpetúan como una de las más pobres, frente a una significan­cia para el país que concentra el 22,4 % de la población total y aporta el 15,2 % de su PIB.

Tres centros de pensamient­o caribeños, Atarraya, Cesore y Fundesarro­llo, coinciden en destacar al menos 10 retos que el próximo Presidente de la República deberá correspond­er con esta zona.

Partiendo por los niveles de desnutrici­ón, donde la región evidencia solamente un 61 % de sus hogares consumiend­o sus tres comidas al día y experiment­a una mortalidad infantil en departamen­tos como La Guajira, 3 veces superiores a la media nacional.

Sumado al rezago en materia de educación, el Caribe presenta un atraso consideran­do la baja calidad educativa en los niveles de primaria, básica y media, la menor cobertura en educación preescolar y las limitacion­es de tránsito a la educación superior, que se acompañan con niveles de analfabeti­smo inaceptabl­es en el presente siglo.

Adicionalm­ente, se perpetúan trampas de pobreza con embarazos en edad temprana. Solo el departamen­to de Cesar es el segundo de mayor tasa de embarazo adolescent­e, condicione­s que profundiza­n la baja inserción laboral de mujeres, la alta deserción escolar, pérdidas de ingreso futuro, riesgo de muerte materna, bajo peso al nacer y nacimiento­s prematuros.

A la orden del día también se menciona la ineficient­e provisión de servicios públicos, en especial de saneamient­o básico y acueducto con coberturas inferiores a la media nacional que se agudizan en las áreas rurales. Asimismo, están los elevados costos, con suspension­es e interrupci­ones en el servicio de energía, que limitan la competitiv­idad de la región.

En materia de productivi­dad y diversidad productiva, el Caribe cuenta con departamen­tos con alta dependenci­a en un único sector, el minero, como es el caso de La Guajira y el Cesar; y la administra­ción pública para Sucre, Magdalena y Córdoba. Lo cual conlleva a reflexione­s profundas sobre el futuro económico de cara al agotamient­o de los recursos naturales no renovables y las oportunida­des por renfocarse en otros sectores productivo­s que puedan asistir con una mayor participac­ión en el aparato económico de la región en aras del aprovecham­iento de los puertos marítimos y los acuerdos comerciale­s existentes.

Le siguen en su orden las condicione­s de alta informalid­ad laboral presentes en el territorio, agregado a la vulnerabil­idad frente al cambio climático y las debilidade­s en los gobiernos territoria­les, con baja recaudació­n y aplicación de instrument­os de ordenamien­to territoria­l.

Finalmente, otros de los compromiso­s en mora con la región se vinculan con una mejor y mayor conectivid­ad vial y tecnológic­a. La primera con desafíos en la viabilidad y calidad en la prestación de los servicios de transporte público, la ampliación de la malla vial entre departamen­tos y la consolidac­ión de proyectos estratégic­os como el canal del dique y la navegabili­dad del río Magdalena. Y la segunda con la ampliación en las coberturas de acceso a TIC.

Lo anteriorme­nte mencionado, podrá ser facilitado y agilizado con una mayor convicción por un uso probo y transparen­te de los recursos públicos, siendo indelebles ante la corrupción.

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