Las advertencias que elevó la MOE sobre operación de servicios a manos de privados

Desde el pasado 4 de febrero la Misión de Observación Electoral, MOE, había advertido que aunque el ‘software’ del escrutinio nacional era ya de propiedad del Estado, “el escrutinio que se desarrollará a nivel territorial (zonal, local, municipal y distrital) se mantiene como propiedad de empresas privadas”, recordando que esto incumplía el mandato del Consejo de Estado en el caso MIRA de 2018, que ordenó que el ‘software’ propiedad del Estado debía garantizar era la trazabilidad de los resultados desde la mesa hasta el escrutinio general.

Tras las legislativas del 13 de marzo, los cuestionamientos de la MOE por supuesto se multiplicaron y el 5 de abril preguntaron al registrador, entre otros asuntos, “¿por qué se contrató la elaboración de dos ‘softwares’ para el escrutinio?, ¿durante las últimas semanas de inscripción de cédulas no se previó un mecanismo de contingencia robusto?, ¿por qué para las elecciones a Presidencia se deshabilitó la posibilidad de hacer la inscripción de cédulas de manera virtual, a pesar de estar incluida en el contrato con Disproel?, ¿cuáles han sido las revisiones y acciones técnicas que se han tomado para garantizar el pleno funcionamiento de la plataforma Infovotantes (tanto Web como en su aplicación móvil) para las elecciones presidenciales (ambas vueltas)? y ¿por qué no se hizo uso del ‘software’ de delegados en la elección a Congreso de la República que costó $3.366.247.712 y se había contratado con Disproel?”. Por ello, EL HERALDO conversó con el coordinador de administración pública y transparencia de la MOE. Marlon Pabón, quien señaló que “la mayoría de los servicios de la Registraduría para las elecciones son contratados con privados, como los ‘softwares’ de inscripción de cédulas, de sorteo de jurados, de la transmisión del preconteo y de escrutinios, y ya no se puede resolver este tema porque es una contratación que ya se está ejecutando, pero en la medida en que sean del Estado hay mayores garantías de acceder a cierta información y a procesos de auditoría”.

En este sentido, Pabón recordó que el día de las elecciones legislativas hubo fallas en la web, en Infovotantes, en el preconteo “y lo que la Registraduría ha dicho es que ya se solucionaron esas fallas para las elecciones presidenciales”. De otro lado, a la fecha de cierre de este informe, a 10 días de los comicios, seguía en veremos la auditoría internacional para las presidenciales, debido a que la firma alemana Dermalog, con quien estaba previsto hacer esta revisión, no firmó el contrato y el CNE seguía revisando a contrarreloj los otros oferentes, con el fin de que se garantice esa auditoría solicitada por distintos sectores. Esto porque los candidatos han reclamado dentro de las garantías contar con una auditoría que supervise la jornada, para lo que el Ministerio de Hacienda autorizó $3.277 millones.