“No es un proyecto de impunidad ni de excarcelaciones”
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó este miércoles el borrador del proyecto de ley que pronto presentará al Congreso para la modernización del sistema carcelario.
El Ministerio de Justicia explicó este miércoles en un comunicado cómo es el proyecto de ley para restablecer el derecho a las víctimas y favorecer la resocialización de las personas privadas de la libertad, sobre el cual puso a disposición de la ciudadanía el borrador de la iniciativa que “busca humanizar la política criminal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional”.
“Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas. El proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso no es un proyecto de excarcelación ni muchísimo menos un proyecto de impunidad”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en sesión virtual con los gobernadores y alcaldes del país.
El funcionario también ha reiterado que esta iniciativa, que se basa en los principios de la justicia restaurativa, busca “evitar reincidencia”, para lo que ha invitado a “un diálogo con argumentos, artículo por artículo, mirando qué conviene, que se le puede cambiar, pero la democracia es la democracia y bienvenida cualquier forma de expresión democrática. Todos estamos de acuerdo en la finalidad de tener una sociedad con menos impunidad y este proyecto le apunta a eso”.
La norma dispone que a mayor avance del individuo en su resocialización, siempre que tenga una conducta ejemplar en prisión, podrá progresivamente irse reincorporando a la sociedad a través de la obtención de permisos que serán ordenados por jueces. La diferencia está en el dinamismo con que se espera que funcione: si la persona condenada cumple los requisitos irá obteniendo permisos cada vez más progresivos hasta el final de su tiempo en prisión. Pero, si incumple en cualquier momento se acaban las posibilidades de acceso a los permisos.
No podría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y la detención domiciliaria como alternativa a la prisión a ningún condenado por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes ni los condenados por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por graves violaciones de los derechos humanos, contra la administración pública, por delitos cometidos por la criminalidad organizada o delitos graves de seguridad ciudadana, no puede solicitar la suspensión de la ejecución de la pena o la detención domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural.
Además, casos como la extorsión o el hurto con violencia sobre las personas o los atracos que tanto preocupan por el riesla go que corren los ciudadanos no estarán cobijados con esta medida.
"La legislación actual es contundente en restringir la salida de personas condenadas por delitos sexuales, particularmente si las víctimas son niños, niñas y adolescentes. En ningún caso a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad se les permita gozar de algún beneficio que les autorice volver a la calle”, se lee.
Este proyecto, indica el Gobierno, busca satisfacer los derechos de las víctimas, quienes hasta ahora han estado excluidas; reducir los costos del sistema penitenciario y para que funcione en condiciones dignas requiere de un presupuesto de 5,1 billones de pesos; y pretende aumentar la seguridad para los ciudadanos, porque busca reducir los índices de reincidencia.
Señala el documento que “no es un proyecto para conceder rebaja masiva de penas. Tampoco es un proyecto de impunidad ni de excarcelaciones. Es una iniciativa pensada en la seguridad de los ciudadanos, en quitar cargas al sistema judicial, en atender el déficit del acceso a la justicia, y mejorar la capacidad efectiva de los sistemas penal y penitenciario”.
El proyecto de reforma, así mismo, le apuesta a que el tiempo que una persona esté privada de la libertad sea un tiempo productivo para él y para la sociedad. Y pretende que los presos se conviertan en personas que aporten al desarrollo del país y no sigan engrosando las cifras de la criminalidad.
“Engordar las estadísticas de capturas no resuelve los problemas del país. Las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del crimen. Deben transformarse en espacios de vida, de educación, de dignidad, de oportunidad, de arrepentimiento y reparación. La humanización de las cárceles no riñe con la seguridad ciudadana. Todo lo contrario. En la medida en que logremos reducir la reincidencia habrá menos delitos y más seguridad”, señala el documento.
Finalmente, el condenado que incumpla los acuerdos se expone a la revocatoria de estos beneficios y a su exclusión definitiva del programa.
Según Osuna, los beneficios de la prisión abierta son para personas que ya han cumplido una parte significativa de su pena, quienes están próximos a recuperar su libertad, a saldar su deuda con la sociedad.
POR REDACCIÓN PAÍS @elheraldo.co
“A los condenados por delitos sexuales se les permitirá gozar de algún tipo de beneficio” Néstor Osuna Ministro de Defensa