DERECHO DE PETICIÓN A LA CRA
Como director de la Fundación Protransparencia presenté el viernes 8 un derecho de petición a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), que también suscriben Edinson Borja, representante legal de la Asociación de Pescadores del barrio Las Flores (Asopes ores), y María Correa, lideresa ambiental.
Me atrevería a decir que este es el derecho de petición más completo que se le ha formulado a la CRA, desde la sociedad civil, por decisiones que constituyen el marco legal de las actuaciones urbanísticas de Argos. Hasta ahora, buena parte de la fusilería de la crítica ha apuntado contra Argos, mientras la CRA ha pasado de agache. Nos parece que la autoridad ambiental debe responder por sus determinaciones.
Lo más importante que le solicitamos a la CRA es que explique en qué estudios y conceptos se basó para convertir el área donde se construye Ciudad Mallorquín en suelo de expansión urbana, como quedó coloreado en el Pomca 2017. Esa era zona de uso múltiple restringido (ZUMR), según el Pomca 2007, en la cual solo se podían desarrollar “prácticas o actividades de bajo impacto” ceñidas a “un manejo ambiental riguroso”.
En ese espacio, el Pomca 2007 solo admitía 10 viviendas por hectárea y el Pomca 2017 aprobó 240. El levantamiento de esa restricción fue lo que permitió hacer ahí un proyecto de alta densidad inmobiliaria. Por ese boquete legal empezó el ecocidio de Argos y la CRA no ha respondido por esa destrucción ambiental. ¿Por qué hizo eso la entidad encargada de preservar el ecosistema? Tiene que explicarlo. El Pomca 2007 decía que había que “garantizar la permanencia” de los “últimos fragmentos” de este hábitat. La CRA incorporó un ajuste en el ordenamiento ambiental que contradice su misión. ¿A cambio de qué? El Pomca 2017 le autorizó a Argos devorar los relictos que quedan del bosque seco tropical. Como el mitológico perro griego del mismo nombre que se comió a Acteón transformado en ciervo.
En ese orden de ideas, le pedimos a la CRA que cuente en qué términos fue la concertación ambiental con la Secretaría de Planeación de Puerto Colombia en el trámite aprobatorio del Plan Parcial de Ciudad Mallorquín.
También le pedimos el inventario anterior y actual de las especies de ora y fauna de Ciudad Mallorquín y el Portal del Norte en cercanías de Tecnoglass.
Igualmente, le pedimos a la CRA que muestre las licencias o permisos ambientales que se otorgaron a Ciudad Mallorquín y Portal del Norte y si ha habido o hay procesos sancionatorios contra estos proyectos.
En esta columna apenas he alcanzado a resumir nuestro minucioso derecho de petición. Espero que la CRA lo conteste con total claridad.
Pedimos a la CRA que cuente en qué términos fue la concertación ambiental con la Secretaría de Planeación de Puerto Colombia”.