Corte Constitucional revisa contratación tras declarar ECI en La Guajira
El alto tribunal constitucional pide a los entes de control informar las investigaciones que han abierto sobre la entrega de beneficios en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la sentencia de 2017 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, en La Guajira, puso la lupa en la contratación desde 2018 en la península.
En un auto del pasado 19 de febrero, la sala conformada por los magistrados Paola Andrea Meneses, Vladimir Fernández y José Fernando Reyes, establecieron “el cumplimiento bajo del objetivo constitucional mínimo sexto ‘garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas', (...) al hallar que no existe una ruta eficaz para que la información contractual y financiera se reporte oportuna y adecuadamente, ni un sistema de información útil para que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia verifiquen la rectitud de sus prácticas o para que los órganos de vigilancia, control e investigación puedan detectar fácilmente prácticas ilegales”.
Además, señalan, tampoco se advierten estrategias para enfrentar el incumplimiento, el desinterés y la falta de conciencia de las entidades respecto del deber de reportar la información que solicitan las diferentes autoridades. Ni se encontró la existencia de indicadores que permitan medir los resultados de las acciones emprendidas para conjurar la ineficiencia, ineficacia y corrupción administrativa y, por ende, para medir el impacto de estas soluciones en el goce efectivo de los derechos protegidos.
Como también se encontró déficit en la información sobre la forma como se gestiona el sistema general de participaciones, particularmente, las asignaciones a resguardos indígenas y determinó la sala que tampoco existe un sistema que monitoree la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios.
Por ello ordenó la realización de una sesión técnica con todas las entidades involucradas el próximo 15 de abril desde las 8 de la mañana.
Así mismo, exigió al departamento guajiro y a los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y
Uribia que, en el término de un mes, remitan a los órganos de control y a la Fiscalía un informe con las cifras desembolsadas por año desde 2018, y en caso de que no se hubieran presentado proyectos de inversión por parte de resguardos indígenas, se deberá informar cómo se ejecutaron los recursos, las personas a quienes se les entregaron los recursos, las fechas en las que se hicieron los desembolsos y la manera como entregaron los recursos.
Planeación , a su vez, deberá reportar desde 2018 sobre las solicitudes de administración directa presentadas por resguardos indígenas.
Y, por último, ordenó “a la Supersalud, Superservicios, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía (...) que informen a la sala si se detectaron particularidades en la gestión de los recursos y si, en atención a estas observaciones, se iniciarán investigaciones administrativas o indagaciones preliminares. En caso de que no presenten los informes en los tiempos definidos, se deberán adoptar las medidas coercitivas que dichos órganos a bien tengan aplicar”.