ENTRE DUDAS Y DESACIERTOS

Sorprendió el Dane a muchos analistas, dirigentes gremiales y empresarios del país, con las cifras de crecimiento de la economía en enero, impulsada por sector agropecuario. En primer lugar, porque nadie esperaba un salto tan alto del crecimiento de la economía entre diciembre (0,6 %) y enero (1,6 %), y en segundo lugar porque en enero la producción de alimentos y materias primas es muy baja y los precios de muchas cosechas cayeron respecto al mismo periodo del año pasado.

Ante estas dudas, el Consejo Gremial Nacional y el Congreso de la República deberían citar a la directora del Dane, Piedad Urdinola, para que explique al país cuál fue la metodología, factores y criterios que aplicó en este informe del Índice de Seguimiento Económico

–ISE–. Considero que el

Dane debería tener, al igual que el Banco de la República, una Junta Directiva, integrada por expertos y una auditoría externa anual. El famoso estadístico estadounidense Carroll D. Wright hizo famosa una frase que decía Figures Don’t Lie, But Liars Do Figure, que en español traduce algo así como “Las cifras no mienten, pero los mentirosos se las inventan”.

Tampoco deja de sorprender a los colombianos la cantidad de anuncios o propuestas que hace el Gobierno semanalmente sin sustento técnico ni financiero, que al final del día resultan siendo unos globos al aire. En el sector agrícola, todas las políticas y estrategias han salido mal.

La Reforma Agraria, programa bandera del gobierno, terminó en unas entregas simbólicas de títulos a personas que no saben estructurar un proyecto productivo rentable, que no han sido previamente capacitadas en buenas prácticas agrícolas ni tienen los medios económicos para explotarlas. Era más práctico, económico y de mayor impacto productivo comprar y adjudicarles los 3 millones de hectáreas agrícolas que explotan los miles de campesinos en tierras arrendadas. Todo lo hacen de manera improvisada, sin planeación presupuestal y sin los requisitos de ley.

Algunos predios rurales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que están traspasando a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para ser adjudicados a campesinos, tienen demandas en cursos o contratos de arriendo con empresas agropecuarias a largo plazo, que han invertido grandes sumas de dinero en infraestructura productiva.

También ha sido un total desacierto la política comercial de alimentos. Mientras Colombia sea un país tomador de precios, lo más práctico es instituir un instrumento de coberturas de precios futuros o respaldar con el Fondo Agropecuario de Garantía –FAG– los anticipos que la industria hace a los agricultores mediante contratos forward, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, con subvención del Estado.

Todo lo hacen de manera improvisada, sin planeación presupuestal y sin los requisitos de ley”.