Caso Tecnoglass-argos: hora de actualizar el POT de Barranquilla

Nada más cierto que cada crisis trae consigo una oportunidad, así que seamos capaces de reconocerla. La actual controversia desatada por el desarrollo de un proyecto habitacional, en el norte de Barranquilla, en una vasta zona de reconocida vocación industrial, donde opera desde hace más de 30 años el complejo de producción de la compañía Tecnoglass, ha marcado un punto de inflexión para que se comience a debatir cuál es el modelo de desarrollo urbanístico que más nos conviene, el que sea capaz de responder a las dinámicas cambiantes de la ciudad, a las demandas de progreso socioeconómico de sus habitantes y de su conglomerado empresarial en expansión, sin dejar de lado los inamovibles de sostenibilidad ambiental que aseguren porvenir.

El derecho a la ciudad, que nos asiste a todos por igual para hacer posible una convivencia armónica en el presente, como un acto de justicia, y la supervivencia de nuestra descendencia en el futuro, se estrella con frecuencia con normas de planificación urbana contradictorias, inconvenientes o vetustas. Paradójico, pero fehaciente. Es innegable que la transformación de las urbes se acelera cada vez más para ajustarse a la entremezcla de necesidades de los nuevos tiempos. Barranquilla, hemos sido testigos de ello, lo ha hecho durante la última década de forma significativa a través de intervenciones, en algunos casos, radicales, como la del Gran Malecón, con las que se ha buscado ofrecer vida digna y, en especial, más espacio público a sus ciudadanos.

Reducir las tensiones derivadas del desarrollo urbano podría ser considerado un punto de partida de lo que busca un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este es el instrumento por excelencia de planificación física de los territorios que define el manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales de una ciudad o un municipio, estableciendo límites o restricciones para los distintos actores. Se trata de una herramienta ineludible que posibilita acciones de urbanismo concertado e inteligente en el que los distintos usos destinados a vivienda, comercio, industria, equipamientos, espacios públicos, entre otros, puedan tener cabida, de manera acorde, pero claramente diferenciada o separada para prevenir encontrones.

No parece ser el caso en el que se enmarca el proyecto residencial que involucra al Grupo Argos, propietario de los lotes o predios donde se levantaría el complejo habitacional, y a la empresa Tecnoglass que con meridiana claridad ha advertido, porque conoce cómo son sus procesos de producción, sobre eventuales afectaciones en términos de contaminación ambiental, acústica o lumínica por los olores, manejo de residuos o vertimientos, ruidos u operación 24/7. Por no hablar de la congestión vehicular debido al constante desplazamiento de vehículos industriales.

Resulta imprescindible anticiparse a conjurar el estallido de un conflicto social a futuro con consecuencias impredecibles para Barranquilla y, en particular, para quienes accedan a esas residencias, los grandes perjudicados. Si bien es cierto que los ajustes realizados en 2014 al POT, expedido originalmente en el año 2007, permitieron modificaciones para lograr un mix armónico del uso del suelo –industria y vivienda-, argumento en el que se sustenta la posición del Grupo Argos, también lo es que la inconveniencia técnica de construir una o más torres de apartamentos en el corazón de una zona industrial, a pocos metros de una empresa que nunca duerme, es por decir lo menos un exabrupto. Queda claro que en materia de derechos conviene acudir al sentido común para no equivocarse y saber rectificar antes de que sea tarde. Porque aquí están en juego los de miles de personas, por un lado, los de quienes eventualmente adquieran las residencias; por el otro, los de los trabajadores de la empresa y sus propietarios, y, cómo no, los de Argos.

Haría bien el Distrito en no demorarse para revisar en detalle este asunto de carácter eminentemente técnico, pero con un alcance social que no puede desconocer. Demasiadas voces con solvencia en desarrollo urbano, como pudo constatar EL HERALDO, señalan las contradicciones del proyecto que es legal, cierto, pero que a todas luces se distingue inadecuado en ese punto. Abramos, cuanto antes, como proponen los concejales el debate de la actualización del POT, sobre el modelo de ciudad más idóneo: si extendido o compacto, con movilidad sostenible, nuevos ejes verdes, y eso sí más solidaridad y valores compartidos. Que la participación ciudadana sea un insumo central para que las intervenciones presentes y futuras adquieran un verdadero sentido de apropiación e identidad, de transformación para progresar.