Dos policías fiscales aduaneros integraban red de contrabandistas en Barranquilla
Un oficial y un patrullero de la Policía Nacional, adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera en la Unidad de Barranquilla, fueron apartados de sus cargos y procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando, al ser vinculados en una investigación de la Fiscalía General por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de mercancía ilegal por el puerto local.
Según la autoridad se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro y el patrullero Harold Gil Ramírez, policías activos de la institución armada, y los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett, como las cinco personas que conformaban la organización.
En la investigación, de acuerdo con lo formulado por el ente investigador, los dos uniformados, aprovechando sus funciones dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), permitían el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional.
“Producto del actuar ilegal presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero”, señaló la autoridad sobre los uniformados investigados.
Entretanto, los otros tres detenidos habrían prestado sus nombres para transformar y ocultar las rentas ilícitas provenientes del ingreso de contrabando.
Por disposición de un juez de control de garantías, los dos uniformados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los particulares seguirán vinculados a la investigación.
De manera simultánea al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario, en Risaralda, y en Barranquilla.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 5.940 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).