¿QUÉ HACER CON LAS TARIFAS DE ENERGÍA?
Las altas tarifas de la energía en el Caribe son un problema social. La afirmación de que mes a mes cientos de miles de familias comen o pagan la luz no es lejana de la realidad. El recibo se puede llevar la cuarta parte de los ingresos de las familias pobres y afecta desproporcionadamente los de los hogares de renta media.
El Gobierno no se puede quedar de brazos cruzados esperando a que bajen los precios. No es un asunto coyuntural como sugieren algunos, sino un problema de fondo que resulta de un modelo regulatorio centrado en el mercado y no en las personas. La fórmula para calcular el precio unitario de energía esconde ineficiencias que favorecen a los diferentes eslabones de la cadena de energía en detrimento.
La más evidente tiene que ver con la generación, pues la regulación actual permite opacidad de parte de las empresas en la fijación del precio en bolsa. Además, con el mecanismo de subasta, el precio marginador es el de la hidroeléctrica que ofrece la energía para completar la demanda. Las que ofrecieron su energía más barata terminan vendiendo al precio que puso la menos eficiente. El marco regulatorio vigente favorece al oligopolio de la generación porque la Creg tradicionalmente ha representado sus intereses.
La fórmula tarifaria traslada parte estas pérdidas al usuario, pero esta situación se agudizó aún más con la resolución 015 de 2018, que introdujo un incentivo conocido como pérdidas adicionales. Aunque la medida ha tenido efectos positivos sobre la calidad del servicio, es innegable que su aplicación implicó un costo desmesurado al usuario. En razón a lo expuesto, el Gobierno Nacional en conjunto con las empresas prestadoras deben aumentar los esfuerzos en materia de gestión social en los territorios, con lo cual se mejoren los índices de normalización de redes y equipos de medida.
Disminuir el costo de las tarifas en la región es un reto regulatorio complejo. En el corto plazo, sin embargo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de realizar ajustes temporales al modelo de reconocimiento de pérdidas en la región Caribe para así disminuir esta parte de la fórmula tarifaria. También contemplamos separar los cobros de alumbrado público y seguridad ciudadana, pues estos tienen un impacto alto en el valor de la factura. Otra alternativa sería que el Estado asumiera parte de las inversiones en redes, lo que haría que estas no sean reconocidas vía tarifa, aliviando el cargo por distribución que asume el usuario.
Lo cierto es que cualquier decisión que se adopte para disminuir el valor de las tarifas no será arbitraria, ni perderá de vista los costos que implican llevar energía eléctrica a los hogares de la región caribe. Cómo lo hemos hecho hasta ahora, toda medida regulatoria estará antecedida de un debate riguroso. Debemos actuar con celeridad porque la situación en el Caribe está cerca de salirse de control.
Contemplan separar los cobros de alumbrado y seguridad ciudadana, estos tienen un impacto alto en la factura”.