DESCONECTADOS CON EL CAMPO
El pasado 12 de marzo, el Ministerio de Agricultura y Finagro lanzaron un plan de incentivos y subsidios para productores del campo que sean sujetos de créditos bancarios.
La cartera agraria destinó un paquete de recursos públicos por un monto de $382.000 millones, para subsidiar tasa de interés, pólizas de seguros contra riesgos climáticos y las inversiones destinadas a siembras de cultivos de tardío rendimiento, infraestructura, sistemas de riego, drenaje, compra de maquinaria y equipos. Desafortunadamente, este paquete de incentivos fue lanzado tarde y mal distribuido. Pareciera que en la cartera agropecuaria ni en Finagro tienen conocimiento de los calendarios de preparación de las siembras ni del periodo de tiempo que dura el trámite de un crédito en un banco (60 días si les va bien). La mayoría de los agricultores tuvieron que acudir en febrero a los créditos de los distribuidores de insumos agrícolas e industria.
El otro error garrafal que cometieron en este programa de subsidios agrícolas fue la distribución de los recursos. La mayoría de los destinatarios son comunidades étnicas (indígenas, afro, raizales, palenquera) y poblaciones calificadas como víctimas, desmovilizada, reinsertada, reincorporada y sustitución de cultivos. Ninguno de los anteriores son sujetos de créditos, por lo tanto no podrán ser beneciarios de los subsidios. El Dane reveló en el Censo Nacional Agropecuario del 2015 que el 89% de la población agrícola de Colombia no accede a créditos bancarios. Por otra parte, Anif acaba de publicar esta semana que Colombia se ubica en las últimas posiciones en el Global Finanacial Inclusión de Index de 2023.
Los miles y miles de millones de pesos gastados durante los últimos años en programas de inclusión financiera por parte de la Banca de las Oportunidades, Finagro, Bancóldex, Asobancaria y organismos internacionales de cooperación como la FAO y Usaid no dieron los resultados esperados. Es increíble que sigan cometiendo los mismos errores del pasado.
De poco sirve seguir diciéndoles a los agricultores que sus dicultades van a ser resueltas a través de créditos baratos o la condonación de sus deudas. Cuántas veces han tenido que capitalizar al Banco Agrario y al Fondo Agropecuario de Garantías –FAG– por estar otorgando créditos subsidiados de manera irresponsable con criterios políticos y de forma arbitraria e injusta. No tienen en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de otros; igualan a todos por abajo.
Los 3 millones de productores del campo están exigiendo soluciones de verdad y que sean perdurables en el tiempo. Desde esta columna he sugerido varias veces que la solución de los problemas de ineciencia del campo no se resuelven con subsidios, sino con programas de capacitación, emprendimiento y transferencia de tecnologías. Aquí lo urgente e importante es que todos asumamos el compromiso y la responsabilidad de formar, capacitar y organizar una nueva generación de agricultores profesionalizados, más competentes y capaces de eliminar las causas más profundas de la falta de rentabilidad y de competitividad de sus agronegocios. Tampoco entiendo el silencio de los gremios de la producción agropecuaria, frente a estos desaciertos y desconexión de los altos funcionarios del Gobierno con el campo.