Los yukpa rompieron relaciones con la justicia ordinaria
Los cabildos gobernadores yukpa expresaron que la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal no les han dado el acompañamiento, garantías y respuestas frente al esclarecimiento del asesinato de los cinco hermanos menores de edad pertenecientes a esta etnia, y por ello están rotas las relaciones y la colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia propia.
Los hechos violentos se registraron en el resguardo Iroka, jurisdicción de Codazzi, Cesar, el pasado 24 de marzo.
“Han pasado 16 días después de que nuestros niños fueran asesinados y no nos hemos reunido con Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación; el presidente Gustavo Petro, con Jorge Jiménez, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y con Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, como se ha solicitado ante las violaciones de nuestros derechos; entregamos los cuerpos sin importar quién asumiera las investigaciones, con el compromiso de que nos explicarían a nuestras autoridades los resultados forenses de los cinco niños y niñas asesinados”, dicen en un comunicado.
No obstante, se han enterado por comunicadores sociales que los resultados de las necropsias de Medicina Legal están culminados, pero este indicó que “una vez se obtengan los resultados, se procederá a remitirlos a la Fiscalía General de la Nación, quien asumirá directamente la investigación del caso”. Por lo que consideran que están incumpliendo el compromiso de que el informe primeramente debía ser entregado al pueblo yukpa.
Igualmente recordaron que esta solicitud la habían hecho a través de la Defensoría del Pueblo con el propósito de que los resultados se mantuvieran en reserva hasta tanto no sean conocidos por el pueblo yukpa.
“El pueblo indígena yukpa acordó trabajar de manera armoniosa con los fiscales delegados de Bogotá, más no con fiscales e integrantes del CTI del Cesar, ya que hemos tenido dificultades en el relacionamiento entre la jurisdicción especial indígena y la justicia ordinaria, toda vez que, el día 27 de marzo de 2024, funcionarios del CTI del Cesar tomaron testimonios de indígenas Yukpa de manera arbitraria en el Resguardo Indígena Iroka, en donde de manera brusca y ordinaria revictimizaron a las víctimas por negarles la posibilidad de ser escuchados en su lengua materna y bajo sus usos y costumbres ancestrales”.