Denuncian falsificación de usos de suelo
Ante la Fiscalía se radicaron denuncias de falsedad en documento público asociadas a la adulteración de usos de suelo y firmas de funcionarios y contratistas para hacer parecer válidas ciertas actividades en determinados predios de la ciudad.
La irregularidad la hizo pública el director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, quien señala que la decisión se tomó tras identificar anormalidades en conceptos y requerimientos ciudadanos.
“Hemos identificado once copias de usos de suelo viejas, anteriores al 2014 y que estaban en el archivo de la Dirección de Planeación, y que fueron alteradas para aparentar que fuesen válidas bajo la norma actual del 2014. Esos documentos fueron alterados utilizando la firma de la doctora Diana Posso, jefe de Gestión Documental”, dice Barreras.
El funcionario aclara que los conceptos de usos de suelo no otorgan derechos, dado que esto solo se logra cuando se tramita una licencia.
“Los conceptos de uso de suelo se expiden de manera gratuita, a través de la página de la Dirección de Planeación Municipal. Le pedimos a la gente que si alguien le está haciendo exigencias indebidas, pidiéndoles dinero a cambio de hacer algún trámite, nos lo hagan saber para instaurar la denuncia correspondiente”, afirma Barreras, quien señala que ya se ha desvinculado personal de este organismo debido a las irregularidades.
Esta es la segunda ocasión en menos de un año en la que el Director de Planeación Municipal advierte anormalidades en este despacho.
De hecho, en marzo del 2020 también denunció un cartel, presuntamente integrado por funcionarios de este organismo de la Administración Municipal, que se encargaba de realizar cobros ilegales a cambio de la aprobación de trámites urbanísticos.
Entonces, el funcionario denunció ante la Fiscalía General de la Nación casos de cobros irregulares por trámites para el uso del suelo, viabilidad de licencias y el ejercicio del control urbanístico, dado que habría funcionarios que a cambio de los trámites solicitaban hasta $40 millones.