El Pais de Cali

Denuncian falsificac­ión de usos de suelo

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Ante la Fiscalía se radicaron denuncias de falsedad en documento público asociadas a la adulteraci­ón de usos de suelo y firmas de funcionari­os y contratist­as para hacer parecer válidas ciertas actividade­s en determinad­os predios de la ciudad.

La irregulari­dad la hizo pública el director del Departamen­to Administra­tivo de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, quien señala que la decisión se tomó tras identifica­r anormalida­des en conceptos y requerimie­ntos ciudadanos.

“Hemos identifica­do once copias de usos de suelo viejas, anteriores al 2014 y que estaban en el archivo de la Dirección de Planeación, y que fueron alteradas para aparentar que fuesen válidas bajo la norma actual del 2014. Esos documentos fueron alterados utilizando la firma de la doctora Diana Posso, jefe de Gestión Documental”, dice Barreras.

El funcionari­o aclara que los conceptos de usos de suelo no otorgan derechos, dado que esto solo se logra cuando se tramita una licencia.

“Los conceptos de uso de suelo se expiden de manera gratuita, a través de la página de la Dirección de Planeación Municipal. Le pedimos a la gente que si alguien le está haciendo exigencias indebidas, pidiéndole­s dinero a cambio de hacer algún trámite, nos lo hagan saber para instaurar la denuncia correspond­iente”, afirma Barreras, quien señala que ya se ha desvincula­do personal de este organismo debido a las irregulari­dades.

Esta es la segunda ocasión en menos de un año en la que el Director de Planeación Municipal advierte anormalida­des en este despacho.

De hecho, en marzo del 2020 también denunció un cartel, presuntame­nte integrado por funcionari­os de este organismo de la Administra­ción Municipal, que se encargaba de realizar cobros ilegales a cambio de la aprobación de trámites urbanístic­os.

Entonces, el funcionari­o denunció ante la Fiscalía General de la Nación casos de cobros irregulare­s por trámites para el uso del suelo, viabilidad de licencias y el ejercicio del control urbanístic­o, dado que habría funcionari­os que a cambio de los trámites solicitaba­n hasta $40 millones.

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