JEP urge medidas para evitar muertes de exfarc
Para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no son suficientes los esfuerzos del Gobierno Nacional, y de otras entidades del Estado para evitar nuevos asesinatos de excombatientes de las extintas Farc.
Así lo advirtió la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal de paz, que emitió órdenes a distintas instituciones para que adopten acciones para proteger de manera integral a más de nueve mil exguerrilleros que se encuentran en proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo Final de Paz.
Para la Sección de Ausencia, proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas, sino con aquellos que sufrieron los vejámenes del conflicto armado.
Según la Jurisdicción, la muerte de cada compareciente priva a las víctimas de materializar sus derechos a la verdad, participar de las audiencias de reconocimiento y saber el lugar donde están los restos de sus seres queridos.
Diez meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las antiguas Farc, el tribunal impartió órdenes a los ministerios de Defensa y del Interior, además de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para que se fortalezca el monitoreo y seguimiento de los resultados, eficacia y el cumplimiento de las Alertas Tempranas.
Esto se dispuso luego de convocar a una audiencia pública nacional, el pasado 25 de noviembre, en la que los magistrados de la JEP escucharon a distintas instituciones del Gobierno y a la Fiscalía sobre su gestión para contener y prevenir el asesinato y las amenazas en contra de los firmantes del Acuerdo Final de Paz.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento también requirió al Alto Comisionado para la Paz para que en quince días le envíe el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales que están atentando contra los exguerrilleros que están en la legalidad.