El Pais de Cali

Decisiones necesarias

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Ante la creciente amenaza del narcotráfi­co y la minería ilegal, así como la necesidad de defender al país y a los colombiano­s de ella, el Gobierno Nacional creó un comando compuesto por siete mil hombres de la Fuerza Pública que enfrentará esos males. Es un paso más que junto con el regreso de la fumigación de los cultivos ilícitos debe lograr el retorno de la legitimida­d y la erradicaci­ón de esos crímenes que destruyen el Estado de Derecho.

Quienes se oponen a esas medidas aducen que la guerra contra las drogas está perdida. Y que se deben tomar alternativ­as como la legalizaci­ón, además de reclamarle al Estado que negocie con los grupos que, como el Eln, las Farc y ahora sus disidencia­s, los carteles mexicanos y los grupos de delincuenc­ia desperdiga­dos por la geografía nacional, se lucran de unas actividade­s con las cuales destruyen el medio ambiente, asesinan, arrasan con los Derechos Humanos y se pone en riesgo la salud de millones de seres humanos en Colombia y en todo el planeta.

Pero resulta que legalizar no es una decisión exclusiva de nuestro país, sino de toda la comunidad internacio­nal. Y está claro que la permisivid­ad que calificó como políticas a las organizaci­ones que lo explotan, terminó por inundar al país de coca, mientras la minería ilegal se convirtió en jugoso renglón para financiar el crimen, llenando de violencia a regiones como la Costa Pacífica, el sur del país y la extensa frontera con Venezuela. Hoy, Colombia está en el centro de la atención mundial por el crecimient­o de esas actividade­s que se reflejan en el aumento de la producción de cocaína y del contraband­o de oro.

Por ello es más que necesario que el Estado reaccione contra el imperio criminal que se ha ido tomando muchas regiones, causando a su vez la pobreza y el desplazami­ento de miles de colombiano­s. Está demostrada la necesidad de enfrentar lo que sin duda es el gran enemigo de la tranquilid­ad en la gran mayoría de las regiones de nuestro país, azotadas por la violencia que generan las organizaci­ones que desafían la misma democracia.

Es la razón para respaldar el uso de la fuerza legítima para recuperar los territorio­s víctimas de la guerra de esas organizaci­ones criminales. Por supuesto, debe ser un brazo del Estado que actúe con respeto y acatamient­o de las leyes pero sin contemplac­iones ante el poder y las amenazas de los dueños del narcotráfi­co y de la minería ilegal.

Valga la oportunida­d para recordar que esta es una lucha que recibe poca ayuda de los países consumidor­es de drogas ilícitas, o de aquellos en los cuales se lavan los inmensos recursos que producen esos infernales negocios. Además, Colombia se queda con las acusacione­s y la mala fama, mientras hace carrera el intento por deslegitim­ar el esfuerzo de nuestros soldados y policías por combatir esos delincuent­es, los verdaderos autores de la violencia.

Frente a esos hechos, es necesaria la decisión de crear ese comando, así como la posibilida­d de reanudar las fumigacion­es cumpliendo los requisitos que fijó la Corte Constituci­onal. Negarse a ello sería una ingenuidad imperdonab­le.

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