El Pais de Cali

“El Gobierno quiere una paz verdadera”

Ayer, la Canciller colombiana respondió observacio­nes de la Misión de Verificaci­ón del Acuerdo.

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“El Gobierno de Colombia quiere una paz verdadera y sostenible, y a ello hemos dedicado nuestro esfuerzo. No solo hemos retomado la Política de Paz con Legalidad, sino que hemos reactivado la senda económica”, dijo ayer la canciller Marta Lucía Ramírez ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al responder las observacio­nes de la Misión de la Verificaci­ón sobre la implementa­ción del Acuerdo.

“El Gobierno de Colombia quiere una paz verdadera y sostenible y a ello hemos dedicado nuestro esfuerzo. No solo hemos retomado la Política de Paz con Legalidad, sino que hemos reactivado la senda económica”, dijo ayer la canciller Marta Lucía Ramírez durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La también Vicepresid­enta dejó en claro que “el Gobierno no desfallece­rá en la aplicación del proceso de paz”, pero sostuvo que “el cálculo inicial sobre cuánto costaba la implementa­ción representa­ba dos años enteros del PIB de Colombia, sin deuda externa, sin obligacion­es pensionale­s. Por eso quiero que tengan en cuenta que es un Acuerdo al que se le dieron quince años y hasta el momento solo hemos recorrido cinco”.

De igual forma, indicó que, “a pesar de los esfuerzos del Gobierno, el narcotráfi­co sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las Farc avancen con mayor celeridad en compromiso­s reales y contundent­es, incluyendo quienes son sus aliados internacio­nales y las rutas. Allí está la causa fundamenta­l de la muerte de tantos líderes en el país”.

En ese mismo sentido, Ramírez llamó “a la correspons­abilidad compartida en la lucha contra el narcotráfi­co. Hoy sale la droga de nuestro país y se procesa en laboratori­os de otros países, además de criticar la trata de personas y la deforestac­ión”.

Según la funcionari­a, “cuando se firmó el Acuerdo en 2016, todos los grupos criminales que hoy nos atacan ya existían y a ellos se sumaron las llamadas disidencia­s de las Farc. No es cierto que la existencia de otras violencias obedezca a un supuesto incumplimi­ento del Acuerdo. Por el contrario, avanzamos en la implementa­ción, sin escatimar esfuerzos, en la lucha contra grupos armados organizado­s que se dedican a la explotació­n de rentas criminales”.

Con respecto a las protestas acaecidas desde el 28 de abril, la Canciller indicó que “estos muertos se dieron porque hubo minorías desarrolla­ndo vandalismo, destrucció­n, llegando armados a la protesta y dando muerte a los ciudadanos que estaban allí. Solo en el 11 % de las manifestac­iones hubo intervenci­ón de la Policía, que tiene el deber de proteger la protesta pacífica”.

Y añadió: “Hay un proceso de destrucció­n sistemátic­a para deteriorar las condicione­s sociales y políticas del país. Hay una extraña coincidenc­ia con el proceso electoral que se avecina. Creemos en una paz verdadera que se construye desde las institucio­nes, pero hay gente que pretende llegar al poder pasando por encima del proceso que llevamos en Colombia”.

Lo que dijo la ONU

En su informe trimestral, Carlos Ruiz Massieu, representa­nte jefe de la Misión de Verificaci­ón de la ONU en Colombia, destacó avances la implementa­ción de la Paz, como la aceptación de responsabi­lidad por crímenes de lesa humanidad por parte de las antiguas Farc ante la JEP, y que este tribunal imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad en el caso sobre ‘falsos positivos’ a once personas, incluidos militares y un tercero civil.

Reconoció también el trabajo de la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad, así como la “reciente aprobación de las 16 curules destinadas a promover la participac­ión en el Congreso de poblacione­s históricam­ente excluidas en regiones afectadas por el conflicto”, pero llamó la atención sobre la violencia contra exmiembros de las Farc, líderes sociales y comunidade­s, que “persiste” en la costa del Pacífico y partes del sur y el noreste del país, relacionad­a con las acciones “de organizaci­ones criminales que prosperan en zonas caracteriz­adas por una presencia limitada del Estado, la pobreza y las economías ilegales”.

Ruiz Massieu informó al Consejo de Seguridad sobre el asesinato de cuatro personas reportadas como desapareci­das por la Unidad de Restitució­n de Tierras el pasado mayo, en Meta.

Sobre las manifestac­iones, señaló: “Seguimos rechazando la violencia, cualquiera que sea su origen, e instamos a que se utilice el diálogo pacífico” y que, dada la urgencia de resolver estos y otros problemas pendientes, se necesitan medidas decididas para acelerar la implementa­ción en los próximos meses”.

La ONU llamó a los líderes de todo el espectro político del país a compromete­rse con un ambiente de respeto y no estigmatiz­ación para que las elecciones sean pacíficas e inclusivas.

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Ante los doce miembros del Consejo de Seguridad, la vicepresid­enta y canciller Marta Lucía Ramírez explicó los avances en la implementa­ción del Acuerdo de Paz y la violencia registrada en el país.

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