El Catatumbo se encuentra sitiado
Desde que empezó el paro armado que ordenó la disidencia de la guerrilla del Epl en del Catatumbo, la situación de intranquilidad y zozobra no cesa en una zona resguardada por 10.000 uniformados.
Desde ayer, las escuelas, transportadores, y hasta la misión médica se han visto obligadas a cerrar sus servicios o restringirlos, por la imposibilidad de transitar de un lado a otro de los municipios perjudicados por la guerra entre integrantes del Eln y el Epl que cumple más de un mes.
“Pareciera que ni el Ejército ni la Policía quieren cumplir su deber constitucional de salvaguardar los bienes, la vida, de los ciudadanos y es como si esperaran que se dé el aniquilamiento entre los grupos armados”, dice Jorge Solano, líder de víctimas de Ocaña. “Se suponía que el posconflicto venía con el mejoramiento del nivel de vida, y ahora el EPL se engrandeció y disputa territorios con el ELN”.
Según el vocero, es inexplicable cómo en presencia de 10 mil uniformados, y con batallones desde Tibú hasta Convención, “se presentan amenazas tan fuertes, y hay tanto terror”.
Además, el abandono del Estado, el descuido de las zonas rurales, y la falta de planes de contingencia para mitigar la crisis en el Catatumbo no dan alivio.
Aunque el Ejército y la Policía han reportado condiciones de normalidad y garantías de tránsito, sumadas a actividades de registro y control, ayer en la madrugada fue quemada una buseta que cubría la ruta Tibú-cúcuta, por no acatar la orden de paro armado impuesta desde el domingo por el EPL.
Las vías están desoladas, al igual que las cabeceras municipales y ni los funcionarios públicos abrieron sus oficinas.
URGENCIA SOCIAL
Diógenes Quintero, personero de Hacarí, declaró que en el refugio de Mesitas, corregimiento de Hacarí, la comida ya se acabó, y aunque se recibió ayuda de cooperación internacional, el municipio superó su capacidad de respuesta.
“A la Gobernación se le solicitó ayuda desde el 26 de marzo, pero no ha llegado y tenemos esa dificultad”, dijo, y recordó que actualmente hay unas 400 personas en Mesitas, mientras que en el corregimiento Villanueva (San Calixto) habría otras 250.
Además, se dio cuenta de “muchos artefactos explosivos en esa zona norte”, situación que alarma a los refugiados.
Desde la mesa de trabajo de la asamblea permanente de El Tarra se informó que sumado a lo anterior, 10 presidentes de junta de la zona urbana renunciaron, y que persisten las amenazas a la población.
Pese a ello, la comunidad acordó que dada la necesidad de subsistencia, el comercio se abriría medio día, “cada día de por medio”, desde hoy, hasta que se tomen otras decisiones comunitarias.
“Llamamos la atención urgente al Gobierno Nacional a mirar el Catatumbo con ojos de inversión social, real e inmediata”, y señalaron que la falta de garantía de derechos fundamentales mantiene la existencia de los grupos guerrilleros, a los que solicitaron respetar las decisiones ciudadanas.
Por su parte, la asociación Ñatubaiyibarí, que agrupa parte del pueblo barí, recordó a la insurgencia que el territorio ancestral se rige por mandato propio, según el cual permanecerán en su territorio y deciden que ningún actor armado debe estar allí.
Agregaron en un comunicado que este enfrentamiento perjudicó el desarrollo de una asamblea extraordinaria “por la no presencia institucional del Estado”, e hicieron un llamado a los actores armados a respetar la autonomía barí.
El obispo de la diócesis de Ocaña, Gabriel Ángel Villa Vahos, lamentó lo que ocurre y dijo que “lo triste del caso es que siempre llevan la peor parte los campesinos”, a la vez que reiteró que la iglesia católica está dispuesta a mediar, pero requiere la buena voluntad de quienes están en estas acciones.
Hoy, Luis Fernando Niños, secretario departamental de Víctimas, se reunirá con el embajador de Suecia y un gestor de paz del ELN, con el fin de que el mensaje urgente de la región llegue a oídos de la mesa de Quito.
Hacemos un llamado angustioso, teniendo en cuenta la vulneración de derechos de las personas en el Catatumbo”.
William Villamizar. Gobernador.