La Defensoría les pide al Eln y el Epl respetar DDHH en el Catatumbo
La Defensoría del Pueblo urgió a la guerrilla del Eln y a un reducto del Epl, considerado como una banda de narcotraficantes por el Gobierno, a que respeten los derechos humanos de los habitantes del Catatumbo, y detengan la “escalada de violencia” en la región.
La institución “hace un llamado imperativo” al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y al Ejército Popular de Liberación (Epl) para que “cesen la confrontación” y “atiendan los reiterados llamados solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga”.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, rechazó las acciones violentas que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes del Catatumbo, en el marco de la disputa armada entre el la guerrilla del Eln y la disidencia del Epl.
Recordó que desde 2017 ha advertido sobre” una disputa entre los miembros de las dos estructuras armadas que han copado los espacios dejados por las Farc en la zona”.
En concepto de la Defensoría del Pueblo, en el Catatumbo”la reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado especialmente, desde enero de 2018, varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”.
Recientemente, gobierno departamental declaró la emergencia humanitaria en esa zona de Norte de Santander, donde se encuentran suspendidas las actividades académicas en los colegios y escuelas urbanos y rurales de Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa y Convención así como en los centros educativos rurales-cer de Sardinata, Ábrego y Ocaña.
Para la Defensoría es espe- cialmente preocupante la situación de los niños del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio.
“Las limitaciones impuestas para la prestación de los servicios hospitalarios, las amenazas contra la integridad del personal sanitario, la limitación para llevar a cabo el traslado en ambulancia de personas en estado grave en varios municipios, así como la amenaza de atentado contra la infraestructura hospitalaria, constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, añadió Negrete.
Recordó que la declaratoria de un paro armado por parte del Epl, el pasado 15 de abril, agravó la crisis humanitaria y evidencia los altos grados de vulnerabilidad que presentan las poblaciones indígenas y campesinas de la zona.
Igualmente los líderes sociales, comunales, de víctimas, así como todos los defensores y defensoras de derechos humanos -incluidos los funcionarios públicos que desarrollan labores en pro de la defensa de los derechos humanos desde el Ministerio Público- han sido expuestos a señalamientos y amenazas que socavan su labor de defensa de derechos humanos. Con esta situación se pretende desconocer los procesos sociales en los que se encuentran involucrados y que son la base fundamental para la construcción de una verdadera democracia.
“Desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado imperativo a que los grupos armados Eln y Epl, con sus frentes y comisiones, cesen la confrontación, atiendan los reiterados llamados que las organizaciones sociales de la región, el movimiento comunal y el pueblo indígena Barí han hecho de manera pública solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga. Su voluntad de paz requiere de hechos concretos como manifestación del compromiso de los actores armados involucrados”, añadió.