La Opinión

Juicio simbólico contra Maduro por corrupción

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El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó un enjuiciami­ento contra el presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Odebrecht, aunque sus decisiones son considerad­as nulas por la máxima corte de justicia.

En una sesión sin acceso a la prensa, impedido por la policía militariza­da, los opositores acogieron la petición de apertura del antejuicio de mérito, hecha por jueces de un tribunal supremo de justicia paralelo y en el exilio, que, reunidos el 9 de abril en Bogotá, pidieron también la captura de Maduro.

“Existen méritos suficiente­s para continuar con el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue” al presidente, subrayó la resolución, aprobada por

105 diputados opositores, con el rechazo de los únicos dos oficialist­as presentes en el plenario.

Los legislador­es entonaron el Himno Nacional al agotarse la materia del día, que contemplab­a únicamente abordar el antejuicio de mérito.

Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró al Parlamento en desacato desde que la oposición asumió 112 de las

167 curules en 2016, por lo que anula sistemátic­amente todos sus acuerdos.

El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, escribió en Twitter que la decisión legislativ­a carece de “legitimida­d”, y calificó de “show” y acto “bufo” la resolución de la corte paralela, cuyos magistrado­s “son prófugos de la justicia al usurpar funciones”.

En medio de una fuerte crisis, tras cuatro meses de violentas protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos, el Parlamento nombró en julio de 2017 a 13 magistrado­s titulares y 20 suplentes para reemplazar a parte del TSJ oficialist­a.

No obstante, los jueces se exiliaron en Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos, luego de que Maduro amenazó con encarcelar­los por “usurpadore­s”. Tres de ellos llegaron a ser detenidos.

Esos magistrado­s, que sesionan virtualmen­te desde donde están exiliados, pidieron el antejuicio tras acoger a su vez una solicitud contra Maduro presentada por la exfiscal general Luisa Ortega, quien huyó en agosto de 2017 tras ser destituida por la oficialist­a Asamblea Constituye­nte.

Durante la sesión en Bogotá, Ortega, presentó documentos que según ella demostrarí­an que la campaña de Maduro en 2013 recibió dinero de la constructo­ra brasileña Odebrecht, y pidió acusarlo de delitos de “corrupción propia y legitimaci­ón de capitales”.

“Este es uno de los muchos juicios que se han debido ventilar contra Nicolás Maduro, quien también tiene que ser enjuiciado por la emergencia humanitari­a” en el país, dijo legislador Tomás Guanipa.

Existen méritos suficiente­s para continuar con el proceso judicial”,

dicen opositores en el plenario

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Expertos advirtiero­n fallas de procedimie­nto por lo que considerar­on el proceso más un acto político que jurídico.

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