La Opinión

La improvisad­a Ley de Financiami­ento

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Semanas atrás el Congreso de la República aprobó el Presupuest­o General para el 2019 con un déficit de 14 billones de pesos. Este desfinanci­amiento incluye compromiso­s del Gobierno frente a sus gastos institucio­nales y proyectos nuevos de la administra­ción del presidente Iván Duque. Por esta razón, se presentó hace unos días la Ley de Financiami­ento que buscará cubrir ese dinero restante. Sin embargo, esta propuesta podría causar daños profundos en la economía colombiana.

La columna vertebral de la Ley de Financiami­ento está en el aumento de la base del IVA. Ahora, los productos básicos de la canasta familiar, los periódicos, libros y textos escolares, entre otros, pasarían a ser gravados con un 18% del impuesto en mención. Cabe resaltar que siempre fue un compromiso de gobiernos anteriores, nunca gravar estos productos al considerar­se que afectaría directamen­te el bienestar de las clases bajas y medias del país.

En reformas tributaria­s de administra­ciones pasadas, el máximo recaudo por impuestos estuvo planteado por 5 billones de pesos, no obstante, esta medida pretende llegar solo por medio del IVA a recoger 11 billones de los 14 que le faltan al presupuest­o de la nación. Una propuesta arriesgada y bastante delicada que podría desalentar el consumo interno y la estabilida­d económica, sobre todo, de las personas más vulnerable­s de nuestra sociedad.

El ministro Carrasquil­la nos ha dicho que habrá una compensaci­ón de la carga impuesta por concepto del IVA para la población de menores ingresos. Este método explica que, los hogares por medio del puntaje del Sisbén y que reciben ingresos menores a un salario mínimo, obtendrán a través de programas como Familias en Acción, un monto alrededor de 50 mil pesos mensuales para compensar el efecto negativo del nuevo impuesto. La pregunta es, ¿qué tan efectiva sería esta iniciativa de devolución del IVA?

Es importante mencionar que la base de datos del Sisbén ha tenido toda clase de señalamien­tos por estar desactuali­zada y tener registros irregulare­s. No son ajenos los casos expuestos en los que personas con altos ingresos tienen puntajes bajos o cambian su dirección de domicilio con el fin de bajar sus puntajes y acceder a subsidios. Según el DNP, a mitad de este año, 56.129 personas con ingresos mayores a 3,8 millones de pesos mensuales

estaban mal categoriza­dos y unos 37.201 registraba­n inconsiste­ncias en la informació­n de su tipo de vivienda.

También debemos tener en cuenta que este tipo de devolución del IVA para las familias pobres, por ser una compensaci­ón anticipada, no esta basada en ningún tipo de cálculo sobre cual será el gasto efectivo de los hogares por el nuevo impuesto. En otras palabras, la devolución que se menciona terminaría siendo otro subsidio que no genera ningún tipo de sostenibil­idad económica, incrementa­ría el paternalis­mo estatal; fomentando las transferen­cias directas al mejor estilo del régimen venezolano.

En un país como el nuestro, donde las necesidade­s socioeconó­micas abundan y las exigencias al gobierno aumentan con el tiempo, es fundamenta­l entender que se necesita recaudar dinero para poder invertir. Sin embargo, la corrupción, la politiquer­ía y la inoperanci­a de las políticas públicas realizadas, hacen que sea para nosotros muy difícil digerir las veces que vienen a tocar nuestros bolsillos. De todas maneras, si bien la administra­ción Duque necesita recursos para ejecutar su plan de gobierno, esta Ley de Financiami­ento está formulada a las carreras, es improvisad­a y esa jugando con el sustento básico de los colombiano­s.

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JUAN CARLOS BOCANEGRA COLUMNISTA

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