La Opinión

Estampilla vilipendia­da

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El 2019 comienza con una nueva tesis jurídica en el departamen­to, muy novedosa y bastante particular, y es que de ahora en adelante los fallos del Consejo de Estado aquí no se cumplen. Así es, recienteme­nte la justicia administra­tiva declaró nulo el cobro de la estampilla fronteriza que se paga cada vez que viajamos por el aeropuerto a cualquier destino, y sin embargo la administra­ción departamen­tal acaba de anunciar que la seguirá cobrando. Una primera hipótesis que tengo frente a semejante planteamie­nto, es que es muy probable que ahora en las fiestas navideñas que pasaron, algunos funcionari­os del departamen­to tomaron tanto wisky y se divirtiero­n tanto, que creen que este año el Norte de Santander hace parte de Venezuela y no de Colombia, y por ello, al estilo Maduro, los fallos del Consejo de Estado de ahora en adelante no se cumplen.

La historia es sencilla. La Ordenanza 010 de 2008 creó una estampilla para Desarrollo fronterizo que hasta ingenuamen­te – lo que se recauda es como una caja menor, sin mayores controles prescribió que sus recaudos se destinarán para las inversione­s que estén señaladas en el Plan de Desarrollo. El señor Fernando Núñez, un ciudadano cuidadoso y estudioso la analizó y encontró algún argumento consistent­e para demandarla, y después de 8 años de trámite del proceso, el Consejo de Estado le dio la razón y declaró nulo el cobro de la estampilla. El argumento de la Gobernació­n para desconocer el fallo es folclórico y sinuoso: “la norma fue derogada a través de la Ordenanza 10 del 21 de septiembre de 2018, y como ese estatuto tributatar­io no fue objeto de estudio por parte del Consejo de Estado, el cobro seguirá vigente”.

Ese si es un argumento del doctor Mata, y desconozco si por estos días de pronto de turismo por la ciudad el legendario abogado fuera consultado por la Gobernació­n en este tema, pero de entrada ese argumento pretende pasar de manera olímpica la prescripci­ón del artículo 158 del Código Administra­tivo, que prohibe a las autoridade­s la reproducci­ón de cualquier acto que la justicia administra­tiva haya anulado o suspendido si en esencia conserva la misma disposició­n que quedó sin efecto.

Sería iluso pensar en un operativo frente al dolor de muchas personas, pero infortunad­amente se han escuchado detonacion­es de armas de fuego en las caravanas y es en ese instante que una bala Perdida puede enlutar otro hogar.

En alguna oportunida­d un ciudadano trató de organizar a los conductore­s de motociclet­a, pero la verdad sea dicha, es muy complejo educar vialmente a personas que guardan enormes resentimie­ntos en contra de la autoridad y de ahí ese estilo de retar a quienes portan el uniforme de nuestra querida institució­n.

Para completar el drama, existe un dicho que reza: “nadie más necio que un borracho” y por eso, las personas que tratan de evitar que los jóvenes conduzcan en estado de embriaguez, terminan regañadas.

Algún día tendremos una sociedad educada que pueda entender que el dolor que se siente por la desaparici­ón de una persona, no debe ser motivo de abuso con el licor y aún menos si se conduce en estado de embriaguez por el riesgo que genera para la ciudadanía en general, el paso de un cortejo fúnebre, sinónimo de respeto.

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ÉDGAR E. CORTÉS COLUMNISTA

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