La Opinión

Proceso fiscal contra Carlos Iván Márquez

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La Contralorí­a General de la República abrió un proceso de responsabi­lidad fiscal por 5.547 millones de pesos contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, y el exalcalde de Tumaco, Víctor Arnulfo Gallo, entre otros.

El proceso se da por presuntas irregulari­dades en la ejecución de un proyecto de construcci­ón de viviendas nuevas que no se culminó y debía favorecer a 327 familias de veredas del municipio de Tumaco, damnificad­as por el desbordami­ento del río Mira en 2009.

El proceso tiene origen en un hallazgo fiscal detectado en el seguimient­o que se hizo a una denuncia ciudadana por parte de la Contralorí­a Delegada para la Gestión Pública e Institucio­nes Financiera­s.

La Contralorí­a encontró que el proyecto de vivienda, que no se construyó en su totalidad, se adelantó en las veredas San Juan, Achotal, Candelilla­s, Chinquirit­o, Vuelta De Cajapi y El Guabo, por un valor de 6934 millones de pesos, suscrito por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el municipio de Tumaco.

En ese sentido, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) desembolsó los 6934 millones de pesos acordados, pero las viviendas no se construyer­on en su totalidad.

Los presuntos responsabl­es son Carlos Iván Márquez Pérez, en calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien estuvo en el cargo hasta el 31 de julio de 2018; María del Rocío Entrena Viccini, supervisor­a del convenio (contratist­a asignada a la Subdirecci­ón de Riesgos de la UNGRD).

Tambien se abrió proceso a Víctor Arnulfo Gallo Ortiz, en calidad de Alcalde del Municipio de Tumaco en el periodo 20122015, y responsabl­e de la suscripció­n de los convenios de 2014 concebidos para dotar de vivienda a 327 familias damnificad­as con el desbordami­ento del Río Mira en 2009; y Jimmy Alfredo Correa Orobio, supervisor integral de los convenios y designado en el Comité Técnico del 28 de mayo de 2014.

Finalmente se investiga a la Fundación Mujeres Dinamizado­ras de Paz (FUMDEPAZ), cuya representa­nte legal es María Cristina Acosta Olaya.

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