Con una acción popular buscan frenar contaminación del Zulia
En un intento por presionar las soluciones que se requieren para poner freno a la contaminación del río Zulia, la Procuraduría Agraria interpuso una acción popular contra la Alcaldía de Cúcuta, Corponor y las empresas EIS y Aguas Kpital, para que den cumplimiento a los compromisos que conlleven a construcción de las plantas de tratamiento de las aguas residuales que caen a las quebradas La Tonchalera y Quebrada Seca.
El proceso fue admitido por el Juzgado Sexto Administrativo y en diez días se conocerá un fallo sobre el particular.
Corponor y la administración municipal cucuteña han expresado abiertamente su interés porque estas soluciones se den en el menor tiempo posible, aunque todavía están sin definirse los estudios y diseños para estos proyectos ambientales requeridos para proteger el río.
El incumplimiento de una serie de compromisos pactados de años atrás para poner fin al grave problema de contaminación que se registra en el río Zulia por el vertimiento de las aguas residuales de occidente, condujo a la Procuraduría Agraria a instaurar una acción popular contra la alcaldía, Corponor, Eis Cúcuta y Aguas Kpital.
Según el ministerio público, por esta omisión en que presuntamente incurren las partes antes señaladas, se vulneran los derechos e intereses colectivos, y el goce a un ambiente sano.
Se refiere a que no se tienen definidos aun los diseños y estudios para la estructuración de los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las quebradas La Tonchalera y Quebrada Seca.
La acción popular fue interpuesta por el Procurador 16 Judicial II Ambiental y Agrario de Cucuta, Jaime Alberto Gómez Montañez, y la misma fue admitida por el Juzgado sexto Administrativo de Cúcuta.
De acuerdo con datos de las autoridades ambientales de Cúcuta, el 24 por ciento de los vertimientos de aguas negras del occidente cae directo al río Zulia, sin tratar, razón de peso suficiente para que las autoridades hayan actuado con eficacia y contundencia en la reparación del grave daño ambiental que se le está ocasionando al citado afluente, dijo el Procurador Agrario.
Esta solución, la de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, debe estar ligada al cumplimiento de los lineamientos ambientales definidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, que tampoco tiene listo la alcaldía, y que debe ser aprobado por Corponor.
Para el Ministerio
Público, aunque existe un terés declarado de Corponor y la alcaldía actual en que estas soluciones se cumplan, el tiempo pasa y no se logran concretar las soluciones, asegura la Procuraduría.
Los cálculos que se tienen del costo de ambas plantas oscila entre los 130 y 140 mil millones de pesos.
Para la Procuraduría Agraria el propósito de la acción es el de que exista una presión judicial extra para que se pueda llevar a un final feliz el tratamiento de las aguas negras y se frene la contaminación del río Zulia.
El juzgado Sexto tiene diez días para resolver de plano la Acción Popular.
La contaminación del río Zulia se convirtió en un problema trasnacional, porque también afecta a Venezuela”
Procuraduría Agraria