Fiscalía y Corte Suprema hablan del caso Merlano
En una declaración conjunta, en la que no permitieron preguntas, el fiscal Francisco Barbosa y el magistrado presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, se refirieron al caso de la excongresista del Partido Conservador, Aída Merlano, capturada en Venezuela a finales de enero.
Según Barbosa, hay un interés en que se aclare lo relacionado con la investigación que cursa contra la política barranquillera que el primero de octubre del año pasado se fugó de una comitiva del Inpec que la custodiaba a una cita odontológica en el norte de Bogotá.
Sin embargo, el jefe del búnker recordó que las “relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de las funciones de la Fiscalía” por lo que cualquier actuación que se haga desde el ente investigador implicaría un exceso. La mención de Barbosa hace referencia a lo emitido la semana anterior en el sentido de que no se enviará una comisión de fiscales a Venezuela para tomarle una versión a la condenada política conservadora.
Barbosa añadió que lo que sí se hizo fue abrir una investigación de oficio basados en las declaraciones que desde su lugar de reclusión entregó Merlano al canal Semana Tv. “Esto con el fin de esclarecer los hechos y personas mencionadas por la señora Merlano”.
Esta investigación de oficio era la que se estaba esperando por parte del ente acusador toda vez que, como lo recuerda Camilo Iván Pizza, magíster en derecho penal y profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal advierte que “el servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.
En sentido similar se pronunció Leonardo Beltrán, de la Corporación Excelencia a la Justicia, quien trae a colación la Constitución Política que en su artículo 250 refiere que la Fiscalía tiene plenas atribuciones para realizar las investigaciones del caso cuando tenga conocimiento de la posible ocurrencia de un hecho de naturaleza delictiva.
Para Beltrán, es menester resaltar que esto debe darse siempre y cuando exista competencia de la Fiscalía para abrir esas investigaciones. “Es clave tener presente que existen ciertos funcionarios que tienen fuero especial frente a los cuales la Fiscalía no puede adelantar investigaciones”, dijo el jurista.
De allí la enfática voz de Barbosa al señalar que él no es el llamado para investigar al presidente Iván Duque, de quien la Merlano dijo que hubo una alianza de los caciques electorales de la Costa para financiar, presuntamente de manera irregular, su campaña en la segunda vuelta.
“En la Fiscalía se adelantan investigaciones contra más de 15 personas dentro de las cuales se encuentran concejales, exconcejales, policías y la entonces aspirante a la Cámara Lilibeth Llinás Delgado y el señor Julio Gerlein”, explicó Barbosa.
No obstante, cabe precisar que estas investigaciones no son de ahora ni son nuevas, sino que obedecen a la petición que en su momento hizo la Corte Suprema de Justicia en la condena a 15 años proferida en contra de Merlano Rebolledo por corrupción electoral. Este trámite, conocido como compulsa de copias, busca que el ente investigador ahonde mucho más en el entramado de corrupción.
Llinás era la fórmula de Merlano y su nombre no es nuevo en este proceso. Cuando se destapó el escándalo de la famosa ‘Casa Blanca’, ya desde la Fiscalía se había anunciado que la candidata conservadora por el Atlántico a la citada corporación sería procesada por concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
EL PACTO
“Existe un acuerdo entre la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema y la Fiscalía en punto de referencia a que no se enviarán funcionarios judiciales de ninguna clase a territorio venezolano”, dijo Barbosa.
Precisa Barbosa, sin embargo, que en el caso de que la Corte Suprema logre recabar una prueba relacionada con los procesos que se adelanten la misma podrá ser usada por el ente investigador.
La semana pasada el magistrado Francisco Farfán señaló que buscará la forma de escuchar vía video confe